Así lo confirmó un trabajo de investigación articulado entre la Procelac y la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña. Se trata de una mega causa de tráfico de estupefacientes de las más importantes de la historia argentina.
El abogado Carlos Salvatore fue condenado tiempo atrás por la causa «Carbón Blanco», tras descubrirse que fue la cabeza de la organización criminal que enviaba cocaína a Europa en forma de carbón que salía desde el Chaco.
Salvatore, como todo jefe criminal que necesita ubicar sus ganancias ilegales y justificarlas, debió lavar el dinero conseguido con la venta de drogas emprendiendo distintos tipos de negocios. De esa manera, invirtió en iniciativas inmobiliarias como plato fuerte de su actividad empresarial.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal general Gabriel Pérez Barberá y la fiscal María Laura Roteta, y la Fiscalía Federal de Roque Sáenz Peña, a cargo de Carlos Sanserri descubrieron una red amplia de sociedades y nexos económico-financieros que permitieron a Salvatore disimular el enorme caudal de plata que generó llenando de cocaína distintos países del mundo.
Un ejemplo claro es lo que prometía la firma N&S Administraciones, encargada de llevar adelante un negocio inmobiliario en Mar del Plata.
La empresa anunció la construcción de departamentos lujosos con vista al mar, pero tiempo más tarde las personas que invirtieron en el proyecto comprando algunas unidades habitacionales se dieron cuenta que todo era una farsa: las obras quedaron paralizadas, el titular de la empresa está involucrado en estafa y lavado de dinero y estas personas, víctimas también de la red mafiosa, ven imposible ahora el registro de sus propiedades y la escritura de las mismas.
Delito precedente
El 17 de septiembre de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia condenó al abogado Carlos Alberto Salvatore a 21 años de prisión, al considerarlo el principal organizador de una asociación ilícita que contrabandeó más de una tonelada de cocaína en tres cargamentos enviados a Europa entre marzo y abril de 2012. Por la dimensión de las penas aplicadas –el resto de la banda recibió condenas de entre 19 y 12 años de prisión–, el volumen de estupefacientes comercializado, y por haberse juzgado a quienes se encontraban en el eslabón más alto de la estructura delictiva, el juicio fue considerado como el más importante en materia de narco-criminalidad en el país. Salvatore continúa siendo investigado en otras causas por su presunta participación en similares maniobras de narcotráfico.
Salvatore además enfrenta otros procesos penales. Por un lado, resta formalizar su declaración indagatoria, pospuesta por problemas de salud, ante el juez a cargo del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, Federico Villena, en una causa por otra tonelada de cocaína exportada a Europa, en este caso, intervienen el fiscal de Lomas de Zamora Leonel Gomez Barbella y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). También, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, le tomó indagatoria por 1235 kilos de droga, en un expediente en el que representan al Ministerio Público los fiscales Matías Rebollo y Fabián Matilla y el titular de la Procunar, Diego Iglesias. Por último, el juez Ariel Lijo lo tiene imputado por las amenazas a la ex jueza de Presidencia Roque Sáenz Peña y actual magistrada de Resistencia, Zunilda Niremperger.
Ahora bien, en 2014, mientras todavía se encontraba en etapa de instrucción la causa por narcotráfico, la Procelac presentó una denuncia penal por lavado de activos provenientes del contrabando internacional de clorhidrato de cocaína a Europa. La presentación en el juzgado federal de Roque Sáenz Peña se sustentaba en una serie de Reportes de Operaciones Sospechosas emitidos por la Unidad de Información Financiera (UIF), que daban cuenta de movimientos injustificados a través de las sociedades Gem Zud Corporation, Pure Vision S.A. y Saint Maxime S.A.. En todas estas sociedades participa Carlos Alberto Salvatore.
En el marco de la investigación por lavado, que desde un primer momento quedó delegada en la Fiscalía Federal de Roque Sáenz Peña -con la Procelac designada como coadyuvante por ésta última- se llevaron adelante una serie de medidas (tareas de investigación, intervenciones telefónicas, constataciones de domicilios, seguimientos, entre otras), cuyos resultados fueron cotejados con la información que surgía del expediente 170/12, correspondiente a la última operatoria de contrabando de cocaína por el que se encontraba imputado Salvatore.
El análisis de esta información, confrontada con lo que se requirió a diversos organismos, nacionales y extranjeros, daba cuenta de la presunta aplicación de una gran masa de activos de origen delictivo en el sistema económico formal, por diferentes conductos. Así, se logró constatar que la organización liderada por Salvatore “generó un entramado financiero, empresarial e inmobiliario, que se ramificaba por el país y el extranjero, dedicado a colocar en el mercado legal el dinero que provenía de su actividad como narcotraficante”.
Modus Operandi
El desarrollo de emprendimientos inmobiliarios en la ciudad de Mar del Plata era uno de los canales elegidos para lavar el dinero proveniente del narcotráfico. Sin embargo, uno de los aspectos más llamativos es que esa modalidad delictiva se complementaba con otra, mediante la cual los edificios construidos violaban alguna de las disposiciones municipales, por ejemplo, superando la cantidad de pisos autorizados. La obra se detenía y los responsables de la construcción -ante la desesperación de los compradores por no poder escriturar- recompraban las mismas unidades “a precio vil”. No casualmente, Salvatore desembarcó en Mar del Plata a través de NS Construcciones, una sociedad que mantenía con el empresario de la construcción y antiguo cliente, Antonio Nicolosi, con quien realizó al menos nueve emprendimientos en esa ciudad de la costa atlántica.
Titular de la empresa constructora San Sebastián, Nicolosi fue condenado en 2004 a 13 años de prisión por una monumental estafa inmobiliaria cometida contra más de 500 familias en la década del noventa. Con la connivencia del entonces presidente del Consejo Deliberante José Manuel Pico (también condenado) y una escribanía, levantó trece edificios prohibidos por el Código de Planeamiento Urbano. Las familias nunca pudieron escriturar y algunos de los edificios debieron ser demolidos.
También en cine
De acuerdo con la investigación, el cine fue otra de las actividades elegidas para canalizar recursos provenientes del narcotráfico. Estrenada en febrero de 2010 y destinada al público infantil, “Plumíferos, aventuras voladoras” es un largometraje de animación en 3 D, el primero en su tipo realizado íntegramente en Argentina. Los reconocidos actores Luisiana Lopilato y Mariano Martínez prestaron su voz para darles vida a los personajes principales de la historia. El film fue producido por Manos Digitales Animation Studio S.A., empresa atribuida a Carlos Salvatore.
Intervención judicial y protección a damnificados
El 5 de mayo pasado, el juzgado federal de Roque Sáenz Peña dispuso la intervención judicial de seis sociedades anónimas dedicadas al desarrollo de emprendimientos inmobiliarios en la ciudad de Mar del Plata, entre las que se encuentran “NS Administraciones, Propiedades, Edificios Construcciones S.A”; “Libres de Sud 2079 S.A.”; “Milenio Bienes Raíces S.A.”; “Saint Maxime S.A.”; “LBC Service & Consulting S.A.” y “General Paunero S.A.”. La medida cautelar, que rige por un plazo de 150 días, había sido requerida en forma conjunta por el fiscal federal Sansserri y la Procelac, con el doble objetivo de, por un lado, asegurar el valor de los bienes utilizados en el delito de lavado de activos para posibilitar su decomiso al momento del dictado de la sentencia y, por el otro, para evitar situaciones perjudiciales para los terceros que de buena fe invirtieron en estos emprendimientos. Respecto a esta última cuestión, la Procelac, junto a la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Mar del Plata y el Defensor del Pueblo de esa jurisdicción, mantuvo encuentros con los damnificados para encontrar una respuesta satisfactoria.
39 allanamientos simultáneos
En el marco de la causa por lavado, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron la inhibición general de bienes de 41 personas físicas y 64 personas jurídicas, lo que fue dispuesto por el juzgado. Asimismo, se llevaron adelante 39 allanamientos simultáneos, 23 de ellos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 en Mar del Plata, 3 en otras localidades de la provincia de Buenos Aires, 6 en Santa Fe y 2 en Santiago del Estero. Los procedimientos tuvieron lugar en domicilios particulares, empresas, inmuebles rurales, estudios jurídicos, notariales y contables, y contaron con la intervención de 242 agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y 23 representantes del MPF, que supervisaron los distintos allanamientos.
A fin de evaluar el contenido de la información secuestrada, la Procelac requirió la colaboración de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), a cargo de la Fiscal Cristina Caamaño. El trabajo de la Datip se extendió durante tres meses y contó con la participación de decenas de personas afectadas a esta tarea, lo que permitió a la Procelac sistematizar la inmensa cantidad de información secuestrada.
En base a la documentación, se realizó un análisis de los movimientos bancarios, declaraciones juradas, libros societarios, operaciones bursátiles, y correos electrónicos, entre otros elementos. De ese análisis, se desprende que la operatoria de lavado habría consistido en que Salvatore adquiría bienes en el país y en el extranjero, y creaba o tomaba con los otros imputados distintas sociedades comerciales, valiéndose la organización de parte del paquete accionario, para luego controlarlas a través del directorio, y quedarse con la mayoría o la totalidad de la emisión de ese paquete de acciones. “En forma concomitante o a posteriori aumentaba considerablemente el capital societario (sin el sustento patrimonial que amerita legamente), posibilitando de esa forma la emisión de nuevas acciones que eran consolidadas en cabeza de la organización”, según detalló la Procelac.
La maniobra de adquisición, conformación, mutación societaria en sus miembros y el engrosamiento del capital social con fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas, que en el caso se derivarían del narcotráfico, eran introducidos en el sistema económico, financiero y legal, apareciendo disimulados como el fruto de actividades lícitas.
Procesamiento y prisión preventiva
En base a la gran cantidad de pruebas recolectadas, la titular del juzgado federal de Roque Sáenz Peña, Zunilda Niremperger, dictó el procesamiento con prisión preventiva de Salvatore por los delitos de asociación ilícita- agravada por su condición de organizador- en concurso real con el de lavado de activos agravado, al tiempo que dispuso un embargo de casi $ 760 millones sobre sus bienes.
También ,fueron procesados con prisión preventiva la esposa de Salvatore, Silvia Susana Valles, sobre cuyos bienes dispuso un embargo de 505 millones de pesos, los empresarios Santiago Valles Ferrer, Ricardo Gassan Saba, con embargos de 81 y 264,8 millones de pesos, respectivamente, mientras que Carla Yanina Salvatore y Mariano Jesús Castelucci fueron procesados sin prisión preventiva.
En su resolución, la magistrada tuvo por acreditado que los imputados desplegaron maniobras de lavado de activos provenientes del narcotráfico al menos desde el año 2005 hasta la fecha de sus detenciones, y que el dinero de origen ilícito fue canalizado hacia emprendimientos inmobiliarios en la ciudad de Mar del Plata, inversiones en automóviles de lujo, proyectos cinematográficos, operaciones de cambio, activos en Estados Unidos y empresas pantalla, entre otras maniobras.
Posteriormente, la Cámara Federal de Resistencia confirmó los procesamientos, aunque redujo sensiblemente los montos de los embargos y dictó la falta de mérito de Castelucci. Respecto a Salvatore, además, el tribunal de alzada rechazó la imputación por asociación ilícita, lo que motivó un recurso de casación que, tras ser declarado inadmisible, derivó en la presentación de un recurso de queja.
