En Corrientes investigan al presidente de la Cámara de Diputados por no declarar más de un millón de pesos y más quinientos mil dólares.El fiscal federal de Corrientes, Flavio Ferrini, solicitó al juez federal Juan Carlos Vallejos que declare la incompetencia parcial de su estrado para habilitar una investigación en el fuero provincial al Presidente de la Cámara baja de esa provincia, Pedro Cassani, “por la probable comisión del delito de enriquecimiento ilícito”. La solicitud fiscal se funda en la falta de registros tributarios en la AFIP de $1.109.400 y 578.771 dólares, hallados junto a una caja roja cerrada con cinta pack que posee en su interior dos pulseras doradas y una cadena con eslabones dorados, según detallo el juez Vallejos. Sin embargo, aún no se conocen noticias de que el diputado haya sido citado a declarar.
Cassani es diputado provincial por el partido Encuentro Liberal y la semana pasada, a pocos días de trascender detalles de la investigación a la financiera clandestina, lanzó su pre candidatura a gobernador para los comicios del año entrante.
La causa
Al legislador se lo investiga por tres cajas de seguridad a su nombre en la cooperativa Pyramis, que desde noviembre de 2015 es investigada por los delitos de intermediación financiera no autorizada y siete de sus directivos fueron procesados con embargos millonarios. En su perfil patrimonial reportado por la AFIP, Cassani reconoció en la declaración jurada por el impuesto a los bienes personales tener en 2015, 106.751 pesos en efectivo, un plazo fijo en dólares de 412.855, así como acreditaciones bancarias por 1.094.559 pesos y declaró bienes personales y muebles del hogar por 93.687 pesos. “Teniendo en cuenta de que Pedro Cassani es diputado provincial -por ende funcionario público-, toda vez que su conducta podría ser pasible de los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en la presentación de las declaraciones juradas” el fiscal solicitó que se abra la investigación en el fuero provincial.
Pyramis funcionaba en vecina provincia como cooperativa, actualmente se encuentra intervenida y siete de sus ejecutivos fueron procesados por el delito de intermediación financiera no autorizada y la posible comisión de otra serie de ilícitos. Pero se averiguo que la cooperativa, no funcionaba como tal, sino que fue calificada por los fiscales como un “banco clandestino, donde se vendía y compraba moneda extranjera, se daban préstamos, se hacían operaciones susceptibles de encuadrar en la figura de lavado de activos, entre otras”.
