Se trata de Ramón Meza, quien declaró en la jornada de hoy en la sede del Tribunal Oral Federal de la capital chaqueña. Está acusado, junto a demás ex efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad, de ser partícipe en delitos de lesa humanidad.
Quien fuera comisario general de la Policía del Chaco en épocas de la última dictadura cívico militar, habló esta mañana de las prácticas y acciones que llevaban a cabo las fuerzas armadas y de seguridad en territorio chaqueño contra militantes políticos y revolucionarios, que terminaron muchas veces con la muerte o desaparición de estos últimos.
Meza expresó que se utlizaron «manuales para combatir la plaga subversiva», aunque cuando se intentó indagar sobre dicha declaración el sujeto no profundizó.
Mario Bosch es abogado de la querella en el caso, y sospecha que Meza hace referencia a las indicaciones para torturar y sacar información a los detenidos, en su mayoría jóvenes por aquel entonces.
«La soberbia y la ideología lo terminaron traicionando; dio informaciones que no surgen de la documental sino que solamente pueden surgir de interrogatorios clandestinos y se fue autoincriminando; vinculó las detenciones con supuestas delaciones, y esas delaciones si existieron, tienen como origen las torturas en la Brigada» afirmó el querellante. «Es algo propio de alguien que sigue reivindicando el terrorismo de Estado y llama plaga a los militantes».
Juicio y castigo
Las acciones continuarán el 19 de agosto a las 9, y los debates el 1, 9 y 23 de septiembre.
Ya van, con este, cuatro juicios por crímenes de lesa humanidad en la provincia. El primero fue por la causa «Caballero Lucio Humberto y otros s/ tormento agravado» iniciado en 2010 y finalizado el mismo año con condena firme.
Alrededor de 40 testigos se presentarán en las audiencias para brindar declaraciones que permitan esclarecer las investigaciones por tormento psíquico y físico agravado por la condición de detenido político de la víctima; privación ilegítima de la libertad; desaparición forzada de personas y un caso de violación tomado como crimen de lesa humanidad a pedido de la Fiscalía, hecho inédito en el procesamiento global al genocidio en la región.
Al frente de las acusaciones se encuentra la Fiscalía Federal, representada por los doctores Carlos Amad, Diego Vigay y Patricio Sabadini y las querellas, en representación de la Secretaría de DD HH de la Nación, Mario Bosch y de la Secretaría de DD HH de Provincia, Juan Carlos Goya, representado por el Dr. Paulo Pereyra y Silvina Canteros.
Juan Manuel Costilla es quien defiende, de manera oficial, a todos los imputados exceptuando a Miguel Pelozo, defendido por Néstor Cáceres.
Los imputados
Durante la audiencia los imputados permanecieron en su sector, alejados del público, flanqueados por agentes del Servicio Penitenciario, ellos son; José Rodríguez Valiente, ex comisario general de la Policía del Chaco, Albino Borda Suboficial Principal, Gabino Manader, de rango sub Oficial Mayor, (si bien en la estructura informal de la patota de la Brigada de Investigaciones mandaba como un jefe, casi tanto como el extinto Carlos Thomas). Jorge Ibarra, Suboficial Principal, y José Marín, ex sargento de la Policía, bajo el alias «Cabo Sotelo» aficionado a ejecutar un acordeón durante las sesiones de tortura.
A esta lista de policías se suman los militares José Tadeo Betolli (Bettolli Teniente Coronel del Ejército) y Luis Patetta (Teniente Primero) (siguen los debates por videoconferencia desde el penal de Marcos Paz, donde Bettolli purga 25 años por torturas (Caballero I) y Patetta el combo de igual suma para la mencionada causa más una reclusión perpetua por su participación en la Masacre de Margarita Belén.
Fuente: Comisión Provincial por la Memoria
