El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) repudia “el injusto fallo del juez subrogante del Juzgado Federal de Primera Instancia de Sáenz Peña, Dr. Aldo Alurralde, rechazando el amparo impulsado por el defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco, contra el abusivo e inapropiado incremento de las tarifas de peaje en el corredor vial N° 6” que está concesionado por la empresa Caminos del Paraná. En su reclamo sostiene la organización que es necesario terminar con los peajes y aduanas interiores.
Cabe recordar que el 16 de agosto, el defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, presentó un recurso de apelación y expresión de agravios contra la sentencia interlocutoria de fecha 9 de Agosto de 2016, en la que el juez federal subrogante Aldo Alurralde rechazó la medida cautelar que interpuso la Defensoría del Pueblo para frenar el aumento en los peajes del Corredor Vial N° 6. El ombudsman pide que se revoque dicha resolución y en consecuencia se decrete la medida cautelar conforme fue solicitada.
En un comunicado difundido a medios y organizaciones de todo el país, el CONADUV sostiene que “es llamativo de parte del señor magistrado, el desconocimiento en materia de transporte terrestre, y especialmente sobre infraestructura y financiamiento vial. De ninguna manera las tarifas son “razonables” como se argumenta desde distintos ámbitos, más aún cuando carecen de todo fundamento técnico-económico desde el punto de vista de la ingeniería económica de transporte.
Por otra parte, el Juez debería informarse respecto a que el peaje no es un pago a cuenta, ni un subsidio ni un crédito al concesionario. Es el pago de una contraprestación real ofrecida”, remarcan.
Respecto de la situación, explican que “el sistema de peaje directo con cabinas de cobro en ruta está concebido cuando primero se hacen las obras, una vez finalizadas se recupera la inversión a través del cobro de una tarifa razonable de peaje, y con un camino alternativo libre de pago. En nuestro País, a partir del año 1990, se instaló, tanto a nivel nacional como provincial, un sistema inédito de peaje directo con cabinas de cobro en ruta, sólo para mantenimiento (a veces ni eso), en caminos existentes pagados con nuestros impuestos, y sin alternativas libres de pago. Este régimen nefasto de falso peaje, ilegal, injusto, inconstitucional, antieconómico e inviable, ha generado verdaderas aduanas interiores, transformándose en un claro impuesto al tránsito y a la circulación, tomando de rehenes a quienes transitan por los distintos corredores viales concesionados. Con el último tarifazo de peaje, lo único que se ha logrado es generar más inflación y seguir incrementando el costo de transporte, ocasionando serios perjuicios económicos, no solo a los usuarios viales, sino también a toda la sociedad en su conjunto, más aún teniendo en cuenta la difícil situación económica por la que atraviesa nuestro País.”
Además remarcan que “tampoco se ha tenido en cuenta la falta de convocatoria a Audiencia Pública, más aún cuando se trata de una modificación del cuadro tarifario ante brutal incremento de las tarifas de peaje, de forma tal que los usuarios viales directos e indirectos pudieran haber debatido la respectiva resolución. “El régimen de concesionarios viales por peaje es un servicio público enmarcado en la relación de consumo de jerarquía constitucional (art. 42 C.N.) y ley 24.240 cuya tutela de los consumidores y el usuario alcanza también a los servicios concesionados. el peaje que paga el usuario es el precio de un servicio” , según lo expresó la Corte Suprema de La Nación.
En este sentido, el CONADUV insiste en que “sigue llamando la atención la indiferencia e inacción del insuficiente y burocrático Organismo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), que desde su creación, sólo se ha ocupado de defender los intereses de los “peajistas”, dejando de lado la defensa de los derechos de los usuarios viales”.
El CONADUV califica las tarifas que se están cobrando en los distintos corredores viales nacionales y provinciales, de exacciones ilegales, lesivas al interés general, carentes de causa jurídica, con niveles absolutamente desproporcionados con relación al servicio, contrarios al interés general, y de beneficios abusivos para el concesionario. Además reclama a las autoridades correspondientes, a nivel nacional como provincial, “finalizar con esta verdadera estafa que venimos padeciendo desde los año 90, e implementar un verdadero Proyecto Vial que contemple toda la red caminera del País, libre de peajes y aduanas interiores, a través de la reasignación efectiva de los fondos viales que aportamos con tanto esfuerzo”.
