La decisión del gobierno chaqueño de remitir a la Legislatura un proyecto de Ley que propicia crear una oficina de transparencia y acceso a la información, fue bien recibida por parte de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley 6431 de Acceso a la Información Pública.
Hace unos meses atrás, la FIA expuso de manera pública las dificultades que existen para facilitar al ciudadano el acceso a la información, donde también se puso en evidencia que la Ley no tuvo en cuenta la creación de una dependencia que centralice la información donde se pueda realizar el pedido.
Formar parte del debate
A partir del reciente proyecto presentado -al que tuvo acceso la Fiscalía-, se destacó como positiva la discusión de un texto de esta naturaleza en el ámbito legislativo, por lo que el fiscal general Heitor Lago resaltó que «la Fiscalía se pone a disposición de los diputados para las consultas y debates que consideren necesario», entendiendo que «el proyecto busca complementar lo que se dispone en la Ley de Acceso a la Información».
Cabe destacar que la FIA forma parte de la Red Federal de Acceso a la Información Pública, espacio donde se debate periódicamente y se intercambian experiencias -entre las distintas provincias y municipios-, tendientes a mejorar continuamente la implementación del derecho que tiene todo ciudadano de acceder a la información relacionada con los actos de gobierno en forma ágil, completa, veraz y oportuna.
Por otra parte valoró los fundamentos esgrimidos por el Ejecutivo en la presentación realizada por mesa de entradas de la Cámara de Diputados, donde se deja expresamente establecido que el propósito de la Ley es hacer operativo el derecho de acceso a la información pública a través de un ente centralizado en la provincia con funciones específicas de obtención, sistematización y suministro de la información pública.
Si bien Chaco fue pionera en contar con una normativa que brinda el derecho de solicitar, acceder y recibir información de los poderes del Estado, empresas y organismos que componen el sector público provincial, como también de los municipios, Lago insistió en que es necesario un ente que centralice esa información y facilite la tarea de tramitación a la ciudadanía.
