El Fiscal de Estado Luis Alberto Meza dio precisiones sobre la sentencia del juez que suspendió la toma de posesión de las hectáreas del futuro parque Nacional del Impenetrable en manos del Estado Provincial e indicó que ya se inició el recurso pertinente ante la Cámara de Apelaciones Civil de Sáenz Peña para revertir la situación, y además se estudia la resolución en el marco de la posible existencia del mal desempeño o alguna otra causal que pueda implicar el exceso en las facultades del juez Emilio Haiquel.
El reclamo del Ejecutivo se basa en las leyes provinciales vigentes, que aprobaron la expropiación de las hectáreas; y el expediente judicial N° 515/13, por el cual el juez solicitó que se otorgaría la posesión de las tierras, al pagar íntegramente el precio de los $64.092.000.
Meza aseguró que, una vez realizado el pago dispuesto por el juez, se debía tomar posesión inmediata del Parque, pero sin embargo se resolvió suspender el proceso. «Se integró la totalidad del precio como el juez lo pidió y ahora nos sorprende con la resolución que tiene su apoyatura en un decreto del Superior Tribunal de Justicia que nada tiene que ver con el proceso que está en cuestión», expresó el Fiscal de Estado.
«No existe norma que avale la sentencia, los jueces no pueden hacer lo que piensan subjetivamente o de manera discrecional en materia de debido proceso legal. Siempre tienen que tener sus resoluciones una apoyatura legal, jurisprudencial y doctrinaria y esto es lo que no existe en la resolución del juez Haiquel, por lo que se transforma en ilegítima e inconsistente. No está basada en derecho y consecuentemente la decisión se torna absolutamente arbitraria y caprichosa, infundada y contradictoria», explicó Meza.
Indicó que ante esto, y en relación a las políticas de Estado del gobernador Domingo Peppo, se accionó por la vía judicial pertinente para que se pueda concretar la expropiación y en la fiscalización ambiental, teniendo en cuenta que tanto las leyes de expropiación como la ley de cesión se encuentran vigentes sin que exista escollo legal alguno para su aplicación.
«Hay que remarcar que el juez dejó de lado su autonomía funcional y la doble instancia legal con esta decisión. Ni siquiera cuando la ley de expropiación fue cuestionada vía acción de inconstitucionalidad se atrevió a ello y hoy cuando ésta se rechazó por el Superior Tribunal con sentencia firme a favor de la constitucionalidad de la Ley lo hace de manera absurda», sostuvo Meza.
2 causas distintas
El Fiscal de Estado explicó que existen dos causas judiciales que el Ejecutivo mantiene con los herederos de Roseo. «Ellos plantearon dos acciones inconstitucionales: una contra la ley de expropiación de las hectáreas (Expediente 14/14) y otra, contra la ley de transferencia o de sesión de las tierras que hace el Estado Provincial a la Nación (Expediente 39/14)», detalló Meza.
En cuando a la causa 14/14, el Superior Tribunal de Justicia del Chaco rechazó el planteo, reafirmó la constitucionalidad de las leyes y quedó firme la sentencia. Meza indicó que, como última instancia los herederos plantearon el recurso de queja ante la Corte Suprema, que aun no tiene fallo y que «esto no puede suspender el proceso porque este remedio procesal no tiene esos efectos legales».
En tanto, el juez Haiquel a cargo del expediente N° 515/13-JC «Provincia del Chaco c/ Luis y Manuel Roseo (fallecidos) y/o sus herederos s/expropiación», había resuelto anteriormente otorgar a la provincia el Chaco la posesión del inmueble declarado de utilidad pública. «Esta resolución no está suspendida y la posesión se debería concretar según lo que el propio juez ya decidió y hoy lo niega», indicó Meza.
Antes de la feria judicial, el Estado depositó los 54 millones de pesos para concretar la expropiación de las más de 140 mil hectáreas, y ahora el juez resolvió suspender la toma de posesión, justificando que esta causa tiene vinculación con el recurso de queja a nivel nacional.
«Esto no tiene nada que ver: el recurso de queja no suspende el proceso principal, pero además de ello no se planteó en el proceso o juicio que se tramitan en Castelli, por lo que menos aún puede ser siquiera razonable aquella decisión», aseveró el Fiscal de Estado, quien además indicó que avanzará conforme sus facultades constitucionales y legales en defensa de los intereses del Estado Provincial como órgano constitucional.
