Luego del incidente que culminó con el fallecimiento del detenido, el Gobierno intervino la Comisaría Cuarta de Sáenz Peña, en la que un preso se prendió fuego y el comisario mayor Francisco Sánchez fue designado por la Jefatura de Policía como interventor, a la vez que se inició una investigación de las circunstancias en las que sucedieron los hechos.
Tanto las autoridades como el personal que prestaba servicios en esa unidad durante la guardia de esa noche fueron removidos y se iniciaron las actuaciones correspondientes a los fines de determinar la responsabilidad que le pueda caber a cada uno de ellos.
Sánchez informó que está llevando adelante las actuaciones judiciales junto a la fiscal Liliana Luppi, de acuerdo al lineamiento dispuesto por la funcionaria judicial. Por este motivo Luppi y la fiscal de Derechos Humanos Silvia Mariela Sluzar allanaron la unidad policial y constataron el estado del edificio para determinar las causales del incendio que se produjo en la celda.
Luppi indicó que cuando ocurrió el siniestro, el personal de Bomberos y el Gabinete Científico trabajó minuciosamente, y recordó que al momento de producirse el incendio “todos los efectivos policiales estaban trabajando”.
Admitió que por el momento “no se puede determinar cómo se habría iniciado el foco ígneo o en base a qué se originó, por eso se están esperando todos los informes técnicos del Gabinete Científico como así también del personal técnico de Bomberos de esta ciudad”.
Se supo además que cuando la Policía ingresó para rescatar al joven entre las llamas se constató que había un colchón incendiado. El hecho fue caratulado primero como “principio de incendio”, pero tras la muerte del detenido el caso fue reformulado como “muerte dudosa”.
