La diputada Viviana Damilano Grivarello presentó dos proyectos, el primero es el N° 3168/16 que modifica el art 54 de la ley 4169 “Régimen Electoral”, Oficialización de las listas de candidatos proponiendo un 50% de la integración para las mujeres y por otro lado, el 3261/16 que plantea el principio de representación igualitaria de género en el Poder Ejecutivo. Damilano Grivarello, expresa que los proyectos ponen en agenda política la participación igualitaria en los cargos electivos y ejecutivo.
Con medidas de acción positiva que acorten brechas entre géneros, que permitan obtener la igualdad en todos los niveles de la política y la amplia participación de las mujeres, la legisladora hace memoria de la ley de cupo 24.012 sancionada en 1991 que convirtió a la Argentina en el primer país en incorporarla. Recuerda además, que la ley establece que las listas que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo del 30% de los candidatos a los cargos a elegir y en proporciones con posibilidad de resultar electas. Y que no será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos. “A casi 25 años de su sanción la ley de cupo femenino que puso al país a la vanguardia de las acciones afirmativas para promover la participación política de las mujeres, sigue sin cumplirse en algunos casos y también en otros lo consideran un techo”, indicó.
Además refuerza expresando que “la reforma constitucional en 1994 otorgó jerarquía y rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos”. En esa línea menciona a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuyo artículo 7, establece el deber para los Estados parte de adoptar las medidas necesarias a fin de eliminar la discriminación de las mujeres en la vida política y pública del país.
“La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios” y las “acciones positivas” en esta materia (art 37 Constitución Nacional), así como también la obligación del poder Legislativo de legislar y promover acciones del mismo tipo para garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Carta Magna y por los tratados internacionales de derechos humanos vigentes, en particular a las mujeres (art 75, inciso 23, Constitución Nacional).
La diputada justicialista asevera que “la gobernabilidad democrática respeta los derechos humanos, vela por la igualdad y la no discriminación, por la transparencia y la participación en la toma de decisiones”. “Al mismo tiempo, es equitativa y responde a las necesidades de la sociedad, promueve el Estado de derecho”. “Es necesario – refuerza – tratar la igualdad entre varones y mujeres como un aspecto y un objetivo central de un proyecto político y social por una razón de justicia y equidad social, pero también, por le bien de la democracia”.
“Las mujeres somos minoría en los máximos puestos de representación” afirma y en esa sentido plantea que necesariamente “debemos generar cambios”. Por ello señala “debemos seguir luchando por nuestros derechos y aportando desde nuestro espacio, por una paridad en los derechos entre mujeres y hombres”. “Consideramos que no se debe continuar con la implementación del 30% en la ley de cupo ya que es una medida discriminatoria”.
Con estas argumentaciones remarca la presentación de las dos iniciativas: 3168/16 y 3261, con fechas 16 y 23 del mes de agosto de este año, precisamente, para “poner en agenda política la participación igualitaria en los cargos electivos y ejecutivos”. Asevera que es necesario “impulsar cambios con medidas de acción positiva que acorten brechas entre género, que permitan obtener la igualdad en todos los niveles de la política y la amplia participación de las mujeres”, afirmó la diputada.
