Hace más de tres años, la Defensoría del Pueblo de Chaco espera el dictamen sobre el amparo presentado contra el Poder Ejecutivo de la Nación por el mal desempeño de las empresas de telefonía celular.
El expediente recién se encuentra en la etapa de apertura de la causa a prueba, un claro retraso si se tiene en cuenta que el proceso iniciado debe estar caracterizado por su celeridad. A pesar de que transcurrió un largo período desde que se dio curso al amparo, la causa no tuvo un avance significativo por la falta de respuesta judicial y esto genera un conflicto enorme en el servicio que recibe la ciudadanía.
En relación a esto, el defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, recuerda que “los usuarios no pueden comunicarse correctamente ni utilizar la transferencia de datos que les cobran todos los meses las compañías telefónicas, lo que produce un enriquecimiento por parte de estas empresas que permanecen ajenas al control de la Justicia”, resaltó.
El eje del amparo presentado por Corregido, se basa en solicitar al Poder Judicial que ordene la prestación de un servicio de calidad óptimo y necesario en las bandas GSM, 2G y 3G, conforme la reglamentación vigente y los avisos publicitarios que se difunden. En el mismo, se pide que los centros de atención al público estén presentes en cada una de las ciudades de la provincia, para que la gente pueda tener acceso a un lugar donde reclamar personalmente y no caer en respuestas automáticas de call center, donde no se entienden particularidades de algunos casos.
El defensor también pide que se detallen cuáles son las inversiones que las empresas están obligadas a realizar y fundamentalmente insiste en que se pueda acceder a un servicio de calidad como el que ofrecen en las publicidades y por el cual les cobran a los usuarios.
Ante la queja de los usuarios que no se detuvo y continúa creciendo, Corregido remarca que “la Justicia es la máxima expresión de garantía de nuestros derechos y sólo a través de ella podemos ejercerlos, por eso esperamos que se dé mayor celeridad a este amparo”.
Un servicio deficiente y sin perspectivas de cambio
Cabe recordar que el expediente se presentó en el año 2013 junto a una medida cautelar que fue rechazada por el juez Federal, Carlos Skidelsky, donde se denunciaba que la situación de “sobremasificación de terminales en uso simultáneo generó que el servicio se preste en forma deficiente, de mala calidad, que persiste tanto en el orden provincial como en el orden nacional”. En esa diligencia preliminar que la Justicia no hizo lugar, Corregido había solicitado que “se suspenda la venta y activación de nuevas líneas hasta tanto mejore el servicio”.
El expediente en cuestión hasta junio del 2015 tuvo 14 movimientos y a pesar de la presentación de numerosos urgimientos en distintas etapas del proceso, las cuestiones pendientes siguen sin resolverse. También hubo audiencias de conciliación, que fueron retrasadas por las empresas al no poder cumplir con la presentación del Plan de Gestión. Es por ello que la Defensoría del Pueblo insiste en que se dicte sentencia sobre este caso, para revindicar a los usuarios que hace años soportan un servicio defectuoso que no muestra cambios para mejorarlo.
