La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue llamada a prestar declaración indagatoria en el marco de la causa en la que se la investiga por el presunto direccionamiento de la adjudicación de obras públicas en favor de empresas del empresario Lázaro Báez.
La medida fue adoptada por el juez federal Julián Ercolini quien convocó a la ex mandataria para el 20 de octubre y dispuso también otras 16 indagatorias entre las que figuran la del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; a del detenido ex secretario de Obras Públicas, José López; y la de Báez. El magistrado también decretó la inhibición general de bienes para todos los que serán indagados por lo que ninguno podrá vender o gravar (hipotecar) sus propiedades muebles e inmuebles registrables, aunque no se les impedirá administrarlas o disponer del dinero bancarizado.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal había remarcado que se investigaba una matriz de corrupción desde que abarcaba a la Presidencia de la Nación y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública como el Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz.
«Mientras el empresario Lázaro Báez era el más beneficiado en la asignación de múltiple y millonaria obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, paralelamente le garantizaba a la ex familia presidencial ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros», habían afirmado los fiscales que entre otros ejemplos investigados consignaron el de la ruta nacional 3 y la provincial 9.
La denuncia que dio origen a la investigación había sido presentada en el 2008 por la diputada nacional Elisa Carrió (Cambiemos) que sostuvo que desde el anterior gobierno se había estructurado una asociación ilícita para sustraer fondos públicos a través de empresarios ligados al poder.
En aquella denuncia, la actual dirigente de la alianza Cambiemos había pedido investigar al fallecido ex presidente Néstor Kirchner, De Vido y Báez, y a las las firmas Austral Construcciones S.A., Gotti S.A., Kank y Costilla S.A., Badial S.A. y Sucesores de Adelmo Biancalani S.A., entre otras vinculadas al empresario detenido.
La diputada y los fiscales habían sostenido luego que los ilícitos denunciados habrían comenzado a fines del año 2003 y que, en general, se relacionaban con los contratos de obra pública llevados adelante desde el Estado con un grupo reducido de empresas, sin cumplir con las normas y reglamentaciones establecidos.
Años mas tarde, también se sumó a la denuncia la diputada Margarita Stolbizer quien sostuvo que en el año 2003 y en el período que corresponde a las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, diferentes funcionarios públicos y empresarios privados, identificados por sus vínculos personales, habrían conformado una asociación ilícita relacionada con la obra pública.
En su resolución de este lunes, el juez Ercolini sostuvo que de acuerdo a la investigación elaborada por los fiscales, las maniobras se edificaban en cuatro pilares:
1) La inserción del amigo presidencial en el negocio de la construcción vial.
2) La exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional.
3) La mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en la provincia de Santa Cruz.
4) El direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos a favor del empresario Lázaro Báez en detrimento de las arcas del estado.
Fuente: Télam.-
