La Ley 7862 fue una iniciativa del diputado Carlos Martínez, y la misma modifica el Código Procesal Penal incorporando el reconocimiento de preceptos claros y precisos tendientes a materializar el reconocimiento institucional de la diversidad étnica y cultural presente en la sociedad argentina y chaqueña.
La Ley incorpora el artículo 5º bis a la ley 4538 referido a la Diversidad Cultural, estableciendo que “cuando se trate de hechos cometidos por miembros de una comunidad indígena, se aplicará en forma directa el artículo 9º párrafo 2, del Convenio Nº 169- de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)-. En especial todos los actos procesales comprendidos en la tramitación de los procesos, desde los primeros momentos de la investigación hasta la ejecución de la eventual sentencia condenatoria, deberán realizarse conforme el principio de reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas. La omisión de aplicar lo dispuesto en el presente artículo sólo será admisible en la medida en que ello sea incompatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos y deberá ser fundada bajo pena de nulidad.”
Los fundamentos en el Recinto
El autor de la iniciativa, diputadoCarlos Martínez, explicó “pretendemos que todos los actos procesales penales desde los primeros momentos de la investigación hasta la eventual sentencia condenatoria los mismos se realicen conforme al principio de reconocimiento de las etnias y culturas de los pueblos indígenas. Es un debate muy importante de dar, a raíz de las disposiciones claras de la Constitución del Chaco que dice que los pueblos indígenas son preexistentes al estado nacional y provincial”.
Afirmó que, en ese sentido, “es importante que la forma en que las comunidades y pueblos indígenas de nuestra provincia resuelven o dirimen lo que conocemos como delitos sean tenidos en cuenta por los fiscales y jueces en estos actos procesales”. Recordó que “esta iniciativa la presentamos con el ex diputado Egidio García, en el año 2012 preocupados por todo lo que había ocurrido con el caso LNP y el acceso real y efectivo a la justicia de las comunidades indígenas”.
Agradeció “el acompañamiento de Egidio García, a la diputada Claudia González Presidenta de la comisión de Pueblos Indígenas por desempolvar esos proyectos dormidos, junto con el diputado Orlando Charole, por empujar esos derechos, a la Presidenta de la comisión de Legislación General, Elda Pértile que se preocupó por buscar la información, y a los integrantes de ambas comisiones” y destacó “el informe favorable del STJ a través de la opinión de la doctora María Isabel Grillo, del Consejo del Abogados, y del IDACH”.
“La convivencia respetuosa no es un tema exento de complejidades –sostuvo- Egidio García me decía ‘nosotros coexistimos con ustedes, con nuestras costumbres y vivencias, y la mejor manera de convivir es respetándonos’, y al introducir el convenio 169 en este código estamos diciendo a las comunidades indígenas que respetamos las formas en que ustedes resuelven sus conflictos”.
Agregó que “estaba previsto un art 83 bis referido al peritaje antropológico, que originó un debate entre los legisladores con algunas cosas que no comparto y otras que si, se excluyó reconociendo el ida y vuelta en ese debate y en función de esos consensos, no porque uno resigne sino porque es importante dar un paso en esta dirección; en el orden nacional no existen antecedentes de introducir el principio y en la provincia del Chaco podemos dar ese paso”.
La diputada Claudia González, agradeció al autor de un proyecto “muy importante para nuestras comunidades originarias, para nuestras tres etnias, vamos a tener más transparencia en todo el proceso judicial de hermanos que pasan por fiscalías o comisarías”.
La legisladora aseguró que “con este proyecto vamos a estar más acompañados. Creemos en la justicia. Y también creemos que nuestros derechos nunca más van a ser violados. Celebro este acto procesal y este proyecto que ha tenido nuestro hermano diputado Martínez, fíjese desde cuándo está desde el año 2012 y después hablamos de reparación histórica” observó.
Repasó además la importancia de las comisiones y su compromiso de prestigiarlas estudiando y dando despacho a los proyectos, en ese aspecto aclaró: “A veces hablamos de responsabilidad pero parece que nos olvidamos de nuestras palabras, hay proyectos que están esperando y algunos son míos y hoy esperan respuestas nuestros hermanos. Felicito por este proyecto que impulsó nuestro hermano Martínez y ser parte de este proceso que seguramente los diputados van a acompañar, es un proyecto muy importante en este proceso para nuestros hermanos indígenas”.
El diputado Orlando Charole, también compartió el agradecimiento a Martínez y contó que “la hemos analizado, evaluado en la comisión de Pueblos Indígenas y hay un despacho unánime para ser considerado en el pleno”.
Luego sintetizó que el Convenio 169 de la OIT, es el principal instrumento internacional sobre derechos de los pueblos indígenas, y en 2016, ha sido ratificado por 22 estados, basado en la creencia que los pueblos indígenas son sociedades permanentes, reconoce y respeta la diversidad étnica y cultural, y los derechos de carácter individual y colectivo.
“Cuando aprobamos la ley para propiciar la formación de traductores intérpretes en el ámbito judicial siempre fui partidario de una formación profesional del indígena, porque sino vamos a correr el grave error de tratar con precariedad nuestros asuntos y eso forma parte de una crítica que el dirigente indígena debe hacer” observó, y en ese sentido se refirió a la exclusión del Peritaje Antropológico del despacho señalando que “el peritaje no es una cuestión menor porque se toma como prueba importante en el proceso, la situación es que no tenemos ese recurso humano preparado”.
El diputado Daniel Trabalónexpresó el acompañamiento a la iniciativa y señaló “siempre que se presentan iniciativas como esta, que tienen que ver con incluir políticamente, legislativamente, derechos y demandas de sectores de la comunidad que siempre están excluidos, surge lo que falta hacer. Pero en principio es importante avanzar en estas iniciativas que buscan mejorar nuestro sistema de justicia, ampliarlo, hacerlo más democrático, más inclusivo y participativo”.
“Es importante que sancionemos una ley que mejore el acceso al servicio de la justicia sobre todo a los que han sido postergados” insistió y recordó que “el año pasado en septiembre, la legislatura sancionaba la Ley 7661 que establece el juicio por jurados, y entre los artículos interesantes el 4º habla de la conformación de los jurados por la comunidad indígena en determinadas situaciones, esto fue un hecho importante, la idea es hacer más democrático el sistema de justicia y pensar la diversidad cultural, esto valoramos cuando tratamos este proyecto”.
El titular del bloque Justicialista, Hugo Sager explicitó el apoyo de su bancada a la iniciativa y señaló que “desde su presentación hasta alcanzar este dictamen que ha sido suscripto por unanimidad pasó mucho tiempo, no obstante, hubo avances importantes respecto de incorporaciones de derechos de las comunidades indígenas, estos avances ponen a la provincia del Chaco en punta”.
