El proyecto de ley para regular la gestación por sustitución, técnica popularmente conocida como “alquiler de vientre”, fue presentado en el Congreso por la Sociedad de Medicina Reproductiva (Samer), la Comisión Asesora Técnicas de Reproducción Humana Asistida (Catrha) y 100 Por Ciento Diversidad, avalado por la diputada nacional Analía Rach Quiroga.
“Es necesaria esta ley porque cada vez hay más casos» de personas que usan esta técnica, «y como lo que no está prohibido está permitido, hoy se hace pero no hay previsibilidad ni protección al eslabón más débil, que son la gestante y los niños”, aseguró la abogada e investigadora del Conicet Marisa Herrera, integrante del equipo de redacción del proyecto que avala la diputada Analía Rach Quiroga. La principal herramienta de resguardo de derechos es que un juez autorice la práctica, a partir de un dictamen favorable de un equipo multidisciplinario.
Otro de los objetivos de esta ley es subsanar la desigualdad en la que se encuentran hoy las mujeres sin útero, las personas trans femeninas, los hombres solos y las parejas gays, respecto de las mujeres solas, las parejas heterosexuales o de lesbianas, a la hora de acceder a las técnicas de reproducción humana asistida con gametos propios o de un integrante de la pareja.
Mientras que este último grupo tiene acceso, por cuestiones biológicas, a métodos complejos de reproducción humana asistida como la inseminación artificial o la fertilización in vitro, los hombres solos o parejas gays no disponen legalmente de una técnica equivalente en el paquete de opciones, como la gestación por sustitución. “La regulación implica el reconocimiento más amplio de sus derechos, porque a ellos se les tiene vedada una vía de acceso a la paternidad o copaternidad”, dijo la especialista.
Además, la norma establece el carácter no lucrativo de la gestación por sustitución -aunque prevé una “compensación económica” para los traslados y otros gastos- y la cobertura de los procedimientos médicos por parte de las obras sociales y prepagas, lo que implicará modificaciones a la ley 26.862, sancionada en 2013.
La regulación de esta práctica había quedado afuera de la redacción final de norma y de la reforma del Código Civil, pese a que figuraba en las versiones originales de ambas iniciativas, y a que “la jurisprudencia nacional viene observando una cantidad creciente de sentencias que la reconocen”. De hecho, según los fundamentos del proyecto ya son por lo menos 13 los fallos judiciales que avalaron a personas que fueron padres o madres con este método, en virtud de su vocación procreacional.
Por otro lado, busca prevenir el “turismo reproductivo”, exigiendo a la gestante “tener hasta 5 años de residencia ininterrumpida en el país”. El proyecto presentado, además, establece que la persona que llevará durante nueve meses en su vientre el hijo de otros (gestante), debe poseer “lazos afectivos” previos con los futuros padres (comitentes); y que el embrión implantado no debe haberse creado a partir de un óvulo de la mujer que llevará adelante el embarazo, sino de una tercera persona.
Respecto a la prohibición de que la gestante aporte su propio óvulo, Herrera explicó que se busca prevenir los casos de “arrepentimiento” a la hora de entregar el recién nacido a los comitentes. «En el derecho comparado -apuntó la abogada- , los casos de arrepentimiento se dan cuando la gestante es aportante” del óvulo que dio origen al bebé.
Además, el proyecto modifica el Código Penal al incorporar el inciso al artículo 139 para castigar con 3 a 6 años de prisión a quien actúe como intermediario “en la transferencia de un embrión a una persona para que actúe como gestante sin que mediare la correspondiente autorización judicial”.
