“Marito” Salto fue encontrado en bolsas de basura en Quimilí a comienzos de junio: tenía apenas once años. Hoy, la familia denuncia que la investigación está frenada y requiere un cuerpo de peritos al Ministerio de Justicia.
El 31 de mayo último, Mario Agustín Salto, «Marito», había desaparecido al ir a pescar en la represa local de Quimilí luego de salir de la escuela. Dos días después, «Marito» fue encontrado no por la policía local, sino por un baqueano que pasaba por un descampado a la vera de un camino cerca de la ruta provincial 6. Su cuerpo estaba prolijamente descuartizado en una serie de bolsas de plástico.
La autopsia posterior en la morgue del hospital Independencia no solo demostró que el niño murió al ser estrangulado con un alambre de uso común en los campos de la zona, sino que también había sido violado reiteradamente.
Los cortes para desmembrar el cuerpo fueron de suma precisión. Se sospechó la mano de un carnicero o de una persona que faenaba animales. El cadáver, por otra parte, presentaba síntomas de haber sido enfriado en una heladera. «Abuso carnal seguido de muerte» es la carátula del caso hasta hoy. Se encontraron dos perfiles de ADN en el cuerpo del niño que esperan ser cotejados con los de imputados y varios testigos.
Las marchas en Quimilí comenzaron a hacerse cada semana, encabezadas por la familia del chico y al calor de una provincia indignada por un hecho de brutalidad extrema. Pero la marcha del expediente fue por lo menos errática. Hubo cinco detenidos, entre ellos dos hermanos locales de apellido Ocaranza, uno menor de edad. «Rodi» Sequeira, un joven local, fue uno de los imputados más comprometidos, cuando un procedimiento policial en casa de su madre arrojó, según el diario santiagueño El Liberal, una hacha y un machete, entre otros elementos.
Una mujer, testigo en la causa, contradijo su coartada sobre dónde estaba el 31 de mayo. Pero el juez original del caso, Miguel Ángel Moreno, terminó recusado por Mario Salvo padre y su abogado querellante, Anselmo Juárez. La jueza de instrucción Rosa Falco tomó su lugar. Hoy, tres meses después de la brutal muerte de «Marito», no hay un sospechoso firme.
Salto padre manifestó que «Venimos con mi abogado a Buenos Aires para pedir forenses especializados para que trabajen en el caso. Quiero se esclarezca el crimen de mi hijo, que no quede impune. Le quitaron sus sueños, tenía once años mi nene. Todo está fallando en la causa. El primer juez nos decía que tenía la punta del ovillo. Tres meses después, nada». Pero un cuerpo de peritos cuesta dinero que Salvo no tiene. En este sentido, su principal petición es al Ministerio de Justicia, conducido por Germán Garavano.
El 12 de agosto último, el abogado Juárez presentó un escrito al Ministerio con un pedido claro: «Por carecer de los recursos económicos suficientes para que exista real paridad de armas, solicitamos que desde el ámbito de la Nación se nos provea de un equipo de peritos forense». No solo eso: también requirió en el documento que se separe a la Policía santiagueña de la investigación. «Me interesa que el proceso no se caiga por defectos procesales. Por ignorancia, por torpeza o por querer quedar bien y encubrir», asegura Juárez.
El trabajo pericial en la causa, según el letrado, fue abismal: «Se pisoteó la escena del hallazgo. Fui profesor en la escuela de policía de la provincia. Había alumnos míos entre los que actuaron. Yo les enseñé a respetar el protocolo. No se hizo».
En su escrito ante el Ministerio, Juárez repitió una teoría que suele decir en público. Aseguró que el crimen de «Marito» fue «un crimen mafioso, que involucraría al poder político provincial, a la falta de independencia del poder judicial y a la existencia de un aparato represor de inteligencia y seguimientos a ciudadanos políticos».
El abogado no puede decir quién o qué alinea a los detenidos por el caso, no tiene respuesta a esa pregunta, no puede decir a quién reportan o para quién juegan. Pero tanto él como Salto padre apuntan a una venganza contra el vínculo familiar: Marta, hermana de Mario padre, docente y concejal por el PJ en Quimilí, montó una protesta en busca de mejores sueldos para los maestros.
Pensar sobre un descuartizamiento con violación en represalia por una protesta puede ser quizás algo excesivo. Sin embargo, el 28 de abril, un mes antes de que «Marito» desaparezca, Marta Salvo y otros maestros locales recibieron en sus cuentas de Facebook una larga amenaza de muerte. «A ver si se bancan las balas, pelotudos», le espetó una mujer. El mensaje completo se incluyó en la presentación ante el Ministerio.
En Quimilí, la madre de Salto tuvo una visita inquietante. «Eran dos tipos. Mi mamá es una señora grande, no distingue, no sabía si eran periodistas, policías», asegura Mario padre. «Dejaron un número de teléfono, código santiagueño. Querían saber cosas de nosotros, eran muy sospechosos. Nos reunimos con ellos en Quimilí, en una confitería, dijeron que eran investigadores privados, uno formoseño, el otro correntino. Mi hermano es retirado de la Policía, estaba ahí. Empezó a exigirles identificación, no daban nada, decían que el juez anterior de la causa estaba al tanto. Mi hermano llamó al juez: Moreno negó haberlos mandado a hablar con nosotros. Hace quince días vi a uno de ellos mirándome en la terminal de micros de Santiago del Estero». El abogado Juárez asegura: «Después se constató que eran policías santiagueños encubiertos. Todo era para meter presión de cara a las marchas»
Se sospecha que el crimen pudo tener una motivación política
Hoy, la jueza del caso enfrenta un problema de absoluta gravedad en cuanto a la evidencia: un informe de Gendarmería, según informa Nuevo Diario Web, aseguró que imágenes de cámaras de la Municipalidad de Quimilí fueron expresamente arruinadas. «Faltan las imágenes de las cámaras de la rotonda del pueblo, no están, la mayoría se han borrado. Mi hijo siempre hacía el mismo recorrido para ir a pescar, siempre pasaba por la rotonda», asegura Salto padre.
Fuente: Infobae.-
