Luego de dos años de lucha, que incluyó el despido y reincorporación de una delegada sindical, a partir de septiembre de este año pasaron a pertenecer a la planta permanente del Estado.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) logró el pase a planta permanente de los precarizados de la Subsecretaría de Comunicación y Medios de gobierno provincial. “Esto es producto de la lucha de los trabajadores del sector y del compañerismo y la solidaridad de sus compañeros de planta que defendieron los derechos laborales de sus colegas para combatir las injusticias en el sector”, expresó el secretario General de ATE, Mario Bustamante.
Se trata de periodistas, diseñadores gráficos, camarógrafos, reporteros y operadores radiales que se desempeñaban desde hace más de seis años con las mismas obligaciones y responsabilidades del personal de planta, pero sin los mismos derechos, con contratos precarios, a través de pautas publicitarias.
Luego de dos años de lucha, que incluyó el despido y reincorporación de una delegada sindical, a partir de septiembre pasaron a pertenecer a la planta permanente del Estado y este mes recibieron su primer recibo de sueldo formal. “Uno de los principales ejes de lucha de ATE es contra el trabajo en negro, porque es cuando se vulneran todos los derechos laborales, como si para esas personas no existiesen todas las conquistas obtenidas a fuerza de organización y lucha a lo largo de los años”, manifestó.
La precarización laboral le niega al trabajador el acceso a una estabilidad, seguridad social y jubilación, subordinando sus derechos a la voluntad del funcionario o gobierno de turno, pero también daña al sistema público y atenta contra la regularización de los diferentes organismos y áreas estatales.
“La precarización atenta contra la carrera del trabajador del Estado, porque muchas veces los funcionarios otorgan funciones de cargos a personal contratado, que al estar vulnerable es más fácil de explotar, quitándole ese derecho a los de planta y dándole responsabilidades y carga horaria por las cuales no cobran a los precarizados”, advirtió.
Además, a pesar de que sus sueldos salgan de la caja provincial, sus aportes (si en el mejor de los casos, son monotributistas) no van a la caja del Insssep sino a la Anses, por lo tanto es fondo que se pierde el sistema provincial. “La precarización significa una evasión del sistema previsional, por lo que perjudica también a la caja provincial, porque son sueldos que salen del Estado provincial pero los aportes de los trabajadores no vuelven a la caja provincial sino, en el mejor de los casos, a la nacional”, concluyó.
Avanzar en la regularidad laboral
Este pase a planta significa el fin de la irregularidad contractual en la Subsecretaría de Comunicación y Medios pero no el fin de la irregularidad laboral, ya que no cuentan con organigrama, escalafón u estatuto propio, que regule y se adapte a las particularidades de la función que realizan, que no tienen nada que ver con el resto de la administración pública provincial.
“Los trabajadores de ésta área trabajan con guardias permanentes de fines de semana y feriados, pero no perciben ninguna remuneración por ello como lo estipula el Estatuto del Trabajador del Estado y como si lo perciben otros sectores como los médicos en Salud Pública”, señaló Bustamante.
Esta Subsecretaría depende de la Secretaría General de la Gobernación, por lo que sus trabajadores perciben salarios básicos y bonificaciones similares al resto de las áreas de Gobernación. No obstante, es el único sector con horarios laborales que van desde las 8 de la mañana hasta las 23 (en dos turnos) con agenda permanente de fines de semana y feriados (todo el día).
“Por lo tanto la lucha continúa hasta lograr la regularización del área para que se le reconozca y se le pague el trabajo de fines de semana y feriados, que se les garantice la carrera y no suceda como siempre que cada gobierno llega con un grupo de contratados que desplazan a los anteriores y ocupan funciones jerárquicas que deberían ocupar el personal de planta, con experiencia y antigüedad”, expresó.
Para ello se avanza en una herramienta legal que determine las particularidades de la función del área que es fundamental para garantizar un Estado democrático que brinde acceso a la información pública, a través de la difusión periódica de los actos y acciones de gobierno para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho y responsabilidad al control de gobierno.
