«Por primera vez en 25 años se ha mostrado iniciativa y voluntad, ofreciendo alternativas reales». De este modo, el ministro de Gobierno defendió la propuesta de pago que el gobierno hizo a los judiciales, que brinda a quienes ganaron el juicio la posibilidad de cobrar el 56% de lo que les corresponde, o todo el dinero pero en diez años.
El ministro dijo en consecuencia:
Recientemente, y luego de aproximadamente 25 años de litigio, por primera vez se ha planteado desde la gestión de gobierno ponerse a trabajar en serio en una propuesta de resolución del conflicto derivado de los juicios entablados por empleados judiciales que se consideraron afectados por una acordada dictada por los Jueces del Superior Tribunal de Justicia -mediante la cual se incrementaron sus propios sueldos en el año 1991-, y la cual resultó (según se sentenciare años después) violatorio de la ley de enganche que ataba la suerte de dichos emolumentos a la de los salarios de los agentes del Poder Judicial en su conjunto.
Como una pesada herencia, fruto inclusive de una situación generada en el seno de la cúpula de otro Poder del Estado, Domingo Peppo debió ponerse al frente de la difícil tarea de generar las condiciones y buscar alternativas para que de una vez por todas pueda darse respuesta al reclamo de pago de las sentencias que benefician a poco más de mil agentes del Poder Judicial, por un monto total de aproximadamente 2.300 millones de pesos, de los cuales la Cámara de Diputados autorizó a tomar crédito por 1.800.
Pero no es mi intención reiterar nuevamente la cuestión numérica, la cual independientemente de evidenciar lo que sería un claro argumento en favor de las alternativas de pago hoy puestas a consideración de los acreedores mediante el decreto 2092/16, implicaría incurrir en un reduccionismo de la problemática que encierra y de las aristas que posee el tema.
Diversos argumentos se han manifestado en contra de la propuesta formulada, los cuales van desde el descontento de centenares de litigantes que no consideran satisfechas sus expectativas con las alternativas acercadas, hasta voces provenientes del bloque legislativo opositor de la Cámara de Diputados que entienden fueron “engañados” por los impulsores de la iniciativa que culminaría en la sanción de la Ley 7.782 que autorizare el endeudamiento, en otras finalidades, para pago de dichos juicios; bloque legislativo opositor, que entre otros datos curiosos, cuenta actualmente con un ex Gobernador que poco o nada hizo por ocuparse de la cuestión en ejercicio de dicho cargo, y que lejos de guardar mesura que hoy amerita su análisis, calificó de “fraude y estafa moral” al concreto ofrecimiento formulado por el Ejecutivo. Esto, lejos de ser una chicana, no es más que un dato objetivo, real y verificable. Tal y como lo es también, el hecho de que en 25 años de idas y venidas con este culebrón judicial, ha sido este Gobernador el único que se ocupó en serio del problema, generando los consensos necesarios para afrontar tamaña empresa, haciendo frente a creencias descomunales, pero sin descuidar que su responsabilidad la asumió tanto para los legítimos acreedores de los juicios como para el más de un millón de chaqueños que diariamente desarrollan su vida en la confianza de que las arcas provinciales no se hallan amenazadas por decisiones que prioricen a un sector por encima de la totalidad de la provincia.
La emergencia económica establecida por Ley 7.751, sancionada por los diputados de la provincia (incluidos opositores), pone sobre el tapete la situación de extrema fragilidad fiscal que atraviesa la provincia y genera las condiciones para contar con un marco de excepcionalidad a la hora de adoptar medidas por parte del gobierno para pago de los juicios originados por la acordada 858/91 del Superior Tribunal, específicamente en su artículo 8º, que autoriza a diversas modalidades, independientemente de que sean o no aceptadas por los demandantes, consistentes en (y cito textual) “intervenir y acordar los respectivos pagos a cuyo efecto contemplará quitas, pagos de cuotas, transacciones judiciales y en general todo tipo de negociación conducente a arribar a un acuerdo que contemple los intereses del Estado Provincial…”.
En democracia es dable esgrimir todo tipo de opinión, y somos respetuosos como gobierno de todas y cada una de ellas; pero lo que no puede afirmarse bajo ningún punto de vista es que esta gestión no haya intentado -por primera vez en un cuarto de siglo que lleva este entuerto- propender a intervenir y acordar alguna modalidad de pago, y todo tipo de negociación que conduzca a un acuerdo con el sector afectado. Sobre todas las cosas, no puede negarse en forma alguna, y como premisa fundamental de cualquier gobernante comprometido con su pueblo, que durante todo este largo y tortuoso proceso, no se hayan contemplado los intereses del Estado Provincial; Estado que conformamos el más de un millón de chaqueños, y que obliga a ocuparse de cuestiones específicas pero sin descuidar nunca como la prioridad que es, al interés superior que significa trabajar por la estabilidad política y económica de la sociedad chaqueña en su conjunto. Seguiremos bregando por el diálogo, por la búsqueda de soluciones, y aceptando las opiniones encontradas, pero siempre dentro del más estricto marco de respeto por el andamiaje legal sancionado, lo que consideren procedente como propuesta los involucrados, pero por sobre todo, sin poner en peligro los destinos de la provincia.
