La provincia del Chaco no ve con buenos ojos la idea de Nación de pagar un bono de fin de año a todos los trabajadores, con el fin de evitar una rápida discusión de paritarias de cara al 2017. Esto fue descartado de cuajo por el gobernador Domingo Peppo, quien categóricamente dijo «No estamos en condiciones» al ser consultados por este bono.
Por estas horas el Gobierno enfrenta una fuerte disyuntiva que incluso genera distintas opiniones al interior del equipo del Presidente.
Si finalmente decide pagar un bono de fin de año a los estatales, como parte de la negociación con la CGT, para evitar el tan anunciado paro general, el problema no sólo se trasladará de inmediato a las provincias y los municipios. También le abrirá un nuevo frente de conflicto a la Casa Rosada.
Tener que desembolsar millones de pesos para compensar a sus empleados no sólo pone a la mayoría de las provincias en una situación financiera compleja. Además, opera sobre un panorama dispar, analiza iprofesional.com.
Difícil negociación
Necesariamente se convertirá en otro ítem de la difícil negociación entre las jurisdicciones y el Gobierno y engrosará la lista de asuntos pendientes en la que ya figuran el Presupuesto 2017 y la reforma del impuesto a las ganancias.
En el universo que deberá enfrentar el presidente Mauricio Macri conviven gobernadores que ya hicieron saber que pagarán un bono (como el salteño Juan Manuel Urtubey) con otros mandatarios que, con los números en rojo, esperarán la decisión de la Casa Rosada, como el caso de Tierra del Fuego.
A éstos se suman los que ya avisaron que no están en condiciones de ofrecer ningún plus por más exigua que sea la suma y que, en caso de tener que hacerlo, deberán recurrir al auxilio financiero de la Nación.
Esa heterogeneidad ubica a Macri de cara a un panorama similar al que vivió a principios de año, cuando la resolución de la paritaria docente nacional se demoró por presión de los gobernadores.
La mayoría de las provincias no podía pagar la nueva escala salarial y necesitó asistencia de la Casa Rosada para garantizar las clases. De todos modos, hubo paros y el inicio del ciclo lectivo se demoró en ocho distritos.
El antecedente de la paritaria docente se suma a una realidad estructural de las provincias: el elevado porcentaje de empleados estatales en la mayoría de ellas y la alta incidencia del rubro salarios en el gasto total de cada distrito.
Según un estudio elaborado por Walter Agosto, investigador principal del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) sobre la base de datos oficiales, el porcentaje de empleados públicos provinciales sobre la población económicamente activa se ubica entre el 14 y casi el 50%, según el distrito.
El peso del rubro salarios en el gasto total de las provincias es dispar: recorre un rango que va del 32% en Santiago del Estero hasta el 61% en Río Negro.
A ese esquema histórico se suma la decisión del Gobierno de eximir del pago de Ganancias el medio aguinaldo de diciembre. El anuncio se haría esta semana, también en el contexto de la negociación con la CGT y como apuesta para evitar el primer paro nacional contra el gobierno de Cambiemos.
El recorte en Ganancias -que es un impuesto coparticipable- impacta de lleno en las cuentas provinciales.
Los gobernadores que no pueden pagarlo
«No lo tenemos previsto. No estaba presupuestado ni calculado en nuestro esquema de gastos de 2016», planteó esta semana Miguel Lifschitz.
El gobernador santafecino incluso deslizó una crítica a Alfonso Prat-Gay, que fue el primer ministro del gabinete nacional en decir en público que el plus «seguramente» se pagaría.
Frente a este escenario complejo, Jorge Triaca y Carolina Stanley, que, en cambio, advirtieron que el beneficio sería sólo «para los que más lo necesitan».
En otras palabras: lo recibirán beneficiarios de planes sociales, jubilados que cobran el haber mínimo y los estatales con los sueldos más bajos.
Otro que descartó de plano un pago extra fue el gobernador de Chaco, Domingo Peppo.
«No estamos en condiciones», admitió. La negativa tiene en su caso un condimento extra: el chaqueño es uno de los referentes del grupo de gobernadores «nuevos» que se pusieron al frente del «reordenamiento» del PJ.
Desde ese lugar, y a partir del buen diálogo que tiene con los mandatarios peronistas, podría impulsar un reclamo conjunto.
Además, Peppo integra la lista de gobernadores que, antes de evaluar un pago adicional, tiene que conseguir fondos para pagar el aguinaldo.
Tampoco para Formosa pagar un plus navideño es viable. El gobernador Gildo Insfrán es otro de los que, pese a no ser nuevo en la gestión (está al frente de la provincia desde 1995), podría sumarse a un planteo grupal de los jefes provinciales.
En Santa Cruz, el 49% de los trabajadores son estatales y el pago de salarios explica el 46% del gasto total de la provincia.
Con un déficit anual de $7.000 millones, y pese a doce años de favoritismo nacional, en la tierra de Alicia Kirchner el pago de un plus navideño es una quimera.
La pregunta se impone: ¿cómo enfrentarán esas provincias el obvio reclamo que harán sus estatales en cuanto se conozca el beneficio para los empleados nacionales?
Lifschitz reiteró que «no tiene chances» de ofrecer un adicional, si bien añadió: «Salvo que hubiera algún esfuerzo de coparticipación y algún aporte del propio Gobierno nacional».
Como le pasa a María Eugenia Vidal en Buenos Aires, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, espera novedades del Ejecutivo mientras intenta lidiar con el poderoso gremio docente de su provincia, consigna La Nación.
Hay otro grupo de gobernadores que en los últimos días dijeron en público, o dejaron trascender entre sus funcionarios, que tienen previsto otorgar un adicional a estatales. Entre ellos figuran el salteño Juan Manuel Urtubey y el chubutense Mario Das Neves, los dos peronistas.
Otros dos que ya avisaron que habrá bono navideño son Juan Schiaretti y Alberto Rodríguez Saá.
