El Tribunal Oral Federal (TOF) juzga a 37 imputados por crímenes cometidos contra más de un centenar de víctimas del terrorismo de Estado, en el cuarto juicio oral por violaciones a los derechos humanos que se lleva a cabo en la ciudad de Bahía Blanca.
Gran parte de la primera audiencia de esta tarde fue dedicada a la lectura del acta de elevación a juicio de la causa 930, correspondiente al tercer tramo de la investigación por crímenes cometidos durante la última dictadura en el ámbito del Cuerpo V de Ejército, con asiento en Bahía Blanca, cuya jurisdicción se extendía hacía el sur y abarcaba toda la región patagónica.
Entre los acusados se cuentan militares retirados del Ejército, ex policías provinciales de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén y ex agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que actuaron en la represión ilegal y en diversos centros clandestinos de detención, torturas y exterminio.
Los principales centros clandestinos fueron «La Escuelita», que funcionó en el predio del Cuerpo V de Ejército; «El Galpón» y el Gimnasio del Batallón de Comunicaciones 181; «El vagón de tren», «El Galpón ferroviario» y la División Cuatrerismo, de la Policía bonaerense y la Unidad Penal 4 del SPB.
Aunque fueron elevados a juicio 39 imputados llegaron a esta instancia 37, ya que fueron apartados por razones de salud los oficiales retirados del Ejército Julio Manuel Santamaría y Luis Alberto Farías Barrera.
Integran el TOF de Bahía Blanca los jueces José Mario Tripputi, Martín Bava, Jorge Ferro y Pablo Ramiro Díaz Lacava, este último en calidad de sustituto en el debate oral y público que se desarrolla en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur.
El Ministerio Público Fiscal está representado por la Unidad Fiscal que interviene en Bahía Blanca en causas por crímenes de lesa humanidad, integrada por los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia.
La Cámara Federal de Casación aún debe pronunciarse sobre un planteo de Palazzani y Nebbia para que se sumen como acusados más de una decena de integrantes de la Armada y de Prefectura que actuaron en grupos de tareas dependientes de la base de Puerto Belgrano, a quienes el TOF rechazó incluir en este juicio.
Entre los más de un centenar de víctimas, el debate incluirá el caso de la sustracción del hijo de los desaparecidos Raúl Eugenio Metz y Graciela Romero, nacido durante el cautiverio de su madre en «La Escuelita».
Los delitos investigados en la causa incluyen privaciones ilegales de la libertad, tormentos, lesiones gravísimas, homicidio y asociación ilícita, entre otros comprendidos en la acusación formulada por los fiscales Palazzani y Nebbia con las calificaciones de genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Algunos de los imputados son Walter Tejada, ex subjefe II Inteligencia del Cuerpo V de Ejército; Jorge Granada, ex jefe de la Sección Actividades Sicológicas Secretas (sic) y de la 1era Sección Ejecución del Destacamento de Inteligencia 181 del Ejército, y Juan Manuel Bayón, ex jefe de Operaciones del Cuerpo V.
También Julio Guillermo González Chipont, que era segundo jefe de la «Agrupación Tropa» o «Equipo de Combate contra la subversión», y militares destinados a «La Escuelita», como Raúl Artemio Domínguez, Desiderio Andrés González, Arsenio Lavayén, Gabriel Cañicul y José María Martínez.
Otros represores acusados son Mansueto Swendsen, que era jefe del Batallón de Comunicaciones 181; Oscar Lorenzo Rinhold, ex jefe de Inteligencia del Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña en Neuquén; los ex jefes de la Unidad Carcelaria 4 del SPB Héctor Luis Selaya y Andrés Reynaldo Miraglia, y oficiales retirados de la Policía bonaerense como Gustabo Abel Boccalari, Pedro José Noel y Jesús Salinas.
Además, Osvaldo Antonio Laurella Crippa, militar que fue jefe de la Policía neuquina y Antonio Camarelli, ex jefe de la Unidad 24 de Cipolletti, en Río Negro.
