Al igual que durante el gobierno de Ángel Rozas los empleados judiciales cobraron un juicio -por el que debieron pasar por todas las instancias posibles- con bonos que denigraron notablemente el monto de sentencia, hoy el sector se enfrenta a otra situación similar. Es que el gobierno pidió un préstamo para afrontar esa deuda de contado y en pesos, pero a la fecha y a pesar que el mismo ministro de Hacienda reconoció que el dinero empezó a llegar, no se pagó a un solo trabajador de la justicia a partir de la aprobación de la Ley 7782.
Esto se desprende de la carta de lectores que trabajadoras judiciales enviaron a la redacción de TN24, la cual se transcribe a continuación:
“Para que sepa el Pueblo Chaco que los empleados judiciales debemos cobrar un “juicio ganado” en todas las instancias posibles y que lleva ya 25 años. Este juicio se originó por la decisión inadecuada y maliciosa de quienes en ese momento tenían el poder de decisión para otorgarse un aumento en sus sueldos, violando con ello la “Ley de Enganche” que se encontraba y se encuentra vigente para todo el sector.
Vale recordar que la “Ley de Enganche” fue conseguida a fuerza de luchas, traslados, sumarios y se consiguió para beneficiar a todo el Poder Judicial, incluyendo a funcionarios y magistrados.
Los empleados judiciales en su conjunto luchamos para “conseguir nuestra tan mentada Ley de Enganche”, la cual fue vulnerada arbitrariamente, repetimos hasta el hartazgo, por la decisión de los que ostentaban el poder y para su propio beneficio generando estos juicios que a la fecha se encuentran con sentencias firmes y en algunos casos, con ejecución de sentencia. Es decir, que ya no tenemos otra instancia judicial que reconocer, no queda otra que la Provincia cumpla y pague.
La Provincia del Chaco debe dejar de hacer promesas y cumplir con las sentencias judiciales y los jueces deben arbitrar todos los medios legales que tienen a su alcance para hacer que la Provincia cumpla.
Sabemos, o al menos creemos, que los jueces tienen el deber de hacer cumplir la ley, su función no es someterse al poder político sino que deben velar por el estricto cumplimiento de la Constitución y las Leyes, “administrando justicia” en todos los casos traídos a su conocimiento por el justiciable. “Deben administrar justicia” sin importar quién es el actor o demandado, o el color político de las partes o su ascenso en su carrera judicial, es decir deben ser imparciales. Deben administrar justicia con equidad porque como decía Aristóteles: “La justicia es buena pero la equidad es mejor todavía, porque es la dichosa rectificación de la justicia rigurosamente legal”, y ella es así por cuanto algunos compañeros judiciales ya cobraron el juicio en dinero en efectivo y eso es lo justo, lo equitativo sería que todos los que estamos en la misma situación cobráramos en dinero en efectivo sin trabas ni chicanas de ninguna naturaleza judicial, administrativa ni mucho menos políticas”.
Firman la nota: Alicia Quiñones y Patricia Aguilar.
