En horas del mediodía de este viernes, ingresó por mesa de entradas en el anexo Legislativo, el pedido de juicio político contra la actual presidente del Superior Tribunal de Justicia, por la acordada de 1991 que llevó al millonario megajuicio de judiciales contra el Estado.
Quien hizo la presentación formal, fue el abogado Jorge Raúl Denis, quien denuncia en el escrito que ingresó con el número de expediente 485, el “abuso de autoridad, mal desempeño y falta a los deberes de funcionario público, de conformidad con lo establecido en el artículo 120 de la Constitución Provincial, Ley 3222 y modificatorias; contra María Luisa Lucas por el dictado de la Resolución 858/91 de creación del “suplemento mensual no remunerativo ni bonificable” y al cual califica en el pedido como “discriminatorio, ilegítimo y contrario a derecho, por violar la ley provincial 2895, su artículo 5° y la porcentualidad consecuente”.
Asimismo resalta que “la Resolución 858/91 produjo un daño patrimonial inconmensurable, al no ponderar las consecuencias inmediatas ni mediatas, ya que la mayoría de los empleados y funcionarios excluidos del beneficio incoaron demandas y reclamaciones judiciales”. Dejando sentado además que hoy es el Estado el que debe afrontar este costo “con posibles embargos a bienes y el erario público provincial”. Y menciona a “la ley 7751 que declara la Emergencia económica y financiera de la Provincia y consolida deudas por reclamos judiciales (21/12/15) y posteriormente se sanciona la denominada ley de Crédito Público (7782) en fecha 25/04/16 que autoriza al Poder ejecutivo a tomar un crédito por $4000 millones para entre otros cancelar la deuda a los judiciales y demás demandantes (Tribunal de Cuentas)”.
Respecto al dictado de dicha resolución, habla del accionar de Lucas como “una inconducta pasible de todo reproche teniendo en cuenta que estando vigente una ley de enganche que establecía que los incrementos salariales que se otorgara la CSJN se trasladaban a los Ministros del STJ Chaco, y a su vez los mismos se desplegaban hacia los inferiores, conforme el escalafón vigente y hasta el último agente que integrara el mismo”.
Y resalta que esto “no fue obstáculo, por cuanto en clara violación a toda sana lógica y deberes de funcionario público, la llevaron a la práctica, sin tener en cuenta el perjuicio que tal actitud conllevaría, tanto para los funcionarios y agentes que no percibirían el adicional, como en el futuro para el Estado”.
