En medio de la gran polémica desatada tras la presentación de las formas de pago a los millonarios juicios encarados por funcionarios y empleados judiciales contra el Estado, el diputado del Partido Justicialista, Ricardo Sánchez, ratificó su intención de poner a consideración de sus pares legisladores la posibilidad de llevar a juicio político a la actual presidenta del Superior Tribunal de Justicia, María Luisa Lucas, quien firmara la Acordada de 1991 que dio origen al proceso judicial que hoy le cuesta a la Provincia más de 1800 millones de pesos.
“En toda esta discusión respecto de la Ley 7751, que estableció la autorización de préstamo al Estado para pagar el juicio de los empleados y funcionarios judiciales, hay un actor central de esta cuestión que la actual presidenta de Superior Tribunal de Justicia que es María Luisa Lucas”, evaluó Sánchez y sentenció: “Creo que llegó la hora de que los funcionarios públicos de alto rango respondan por la responsabilidad o irresponsabilidad de sus actos”.
En ese sentido, el legislador añadió que “en este caso, Lucas, a sabiendas de que aquel incremento en sus haberes del 113% implicaba la violación a la ley de enganche, igual arremetió, junto con el resto del entonces Superior Tribunal de Justicia, acción por la cual, hoy entre todos los chaqueños tenemos que estar pagando 1800 millones de pesos más todos los intereses de este préstamo”.
En consecuencia, Sánchez planteó analizar, primero en el marco del bloque oficialista para luego exponer ante el pleno del Cuerpo Legislativo, la posibilidad de llevar a juicio político a la actual Titular del STJ. “Esto requiere mayorías especiales, que determina la Constitución y se conforman con dos tercios tanto en Sala Acusadora como en Sala de Sentencia, para que se lleve adelante un proceso de estas características”, explicó el legislador, a lo que acotó que “vamos a plantear el tema, porque más allá de lo que se diga de la forma de pago o de las quitas; lo concreto es que acá hay todavía alguien responsable de aquella Acordada del año 1991 y que aún al día de hoy tiene efectos perniciosos para las arcas del Estado”.
CUESTIÓN MATEMÁTICA, NO ESPIRITUAL
Asimismo, Sánchez brindó su punto de vista respecto del Decreto del Poder Ejecutivo que reglamentó el pago de los juicios y fue duramente cuestionado tanto por algunos acreedores como por los legisladores de la oposición. “Podemos decir frente a algunas acusaciones que refieren a una supuesta transgresión al espíritu de la ley que esto no es una cuestión espiritual sino de matemáticas: no se puede pagar un juicio que debe estar en el orden de los 2300 millones o más, por lo intereses actualizados a la fecha, con 1800 millones de pesos”, advirtió, por lo que consideró que “la única manera de hacer frente a los pagos es aplicando quitas a cada uno de los acreedores, que serán mayores o menores dependiendo de la urgencia del pago por la que opte cada uno”.
En ese marco, el diputado peronista destacó de todas maneras que “este es un proceso conciliatorio y nada obliga al acreedor a dejar de litigar por el 100% de su crédito”. “Por eso, discrepo con los diputados de la oposición cuando dicen que se violentó el espíritu de la ley cuando fueron ellos mismos los que no autorizaron un monto mayor cuando nuestro bloque planteaba que, por lo menos, eran necesarios 2200 millones de pesos para afrontar estas sentencias”, aseveró.
Sánchez recordó que fue el propio radicalismo el que se negó a tomar un préstamo que excediera esos 1800 millones y como las leyes de endeudamiento requieren de los dos tercios de los votos, y el consecuente aval de la oposición; el oficialismo no pudo avanzar con el monto que consideraba necesario. “Hoy estamos sufriendo las consecuencias del bloque opositor, que se plantó en una cifra que no era suficiente y lo sabíamos al momento de votar la ley”.
