A partir de hoy los acreedores pueden iniciar los trámites. Así se anunció en conferencia de prensa este jueves. El anuncio del método de pago fue encabezado por el Secretario de la Gobernación, Horacio Rey, el ministro de Hacienda y Finanzas, Cristian Ocampo, el diputado Hugo Sager y el secretario general de la Fiscalía de Estado, Fernando Ford.
Son cerca de 1500 las familias que están incluidas, las cuales han obtenido sentencia firme en sus respectivos juicios, indicó el Secretario de la Gobernación. “A partir de hoy la incertidumbre se va, esto es concreto, el Gobierno con el gran esfuerzo de todos va a realizar un programa de pago, y queremos destacar que este no es un buen momento económico y financiero para la Provincia, pero el Gobernador se ha puesto al frente de la situación y consiguió llegar al pago para todos los que tienen sentencia firme y que se pueda empezar con el pago a partir del 30 de octubre”, expresó Rey.
Los métodos de pago ofrecidos por el Gobierno son dos:
1- Los acreedores pueden optar por el pago de contado, en cuyo caso van a sufrir una quita del 9,5%, que equivale a la tasa de interés a la que pudo acceder el Gobierno, al solicitar el empréstito para el pago de la deuda.
2- Los acreedores pueden acceder al pago mediante un plan, en la cantidad de años que prefieran, desde uno hasta 10, en el caso de elegir el límite mayor de tiempo, podrán hacerse del 100% del dinero adeudado.
Por su parte el diputado Sager destacó que desde el mes de diciembre se trabaja en ello e indicó que desde el inicio de su gestión, “el gobernador Domingo Peppo se pronunció a favor de honrar la deuda con el sector judicial”.
Sager resaltó que “lo que se está abonando es una deuda histórica que significa la masa salarial de todo un mes en la provincia y ese es un esfuerzo económico que hace el actual gobierno”. Además aseguró que “gobiernos anteriores tuvieron la oportunidad de poder darles respuestas a esta masa de 1500 familias y no se dio el contexto, no lo pudieron hacer o no lo quisieron hacer”.
El último en tomar la palabra fue el secretario general de la Fiscalía de Estado Fernando Ford, quien destacó el acuerdo propuesto por el Ejecutivo para dar respuesta a una demanda de 25 años. “Lo que trata esta gestión es convenir y acercar posiciones teniendo en cuenta los intereses de ambas partes”, expresó.
Indicó que “ la propuesta que esta gestión ofrece es tratar de arribar a un convenio, acercar voluntades para que esto tenga un corte y de esa manera cada uno tomar el crédito” y manifestó que la Fiscalía de Estado está a disposición para “clarificar lo que sea necesario y sacarse las dudas, de forma que cuando se firmen los convenios estemos convencidos que es lo que conviene para las partes”. Asimismo, destacó la “claridad” de la propuesta del Ejecutivo: “El espíritu de la ley es alcanzar la solución a un conflicto”, concluyó.
El decreto
La Ley 7751 autorizó al Poder Ejecutivo a dictar normas reglamentarias que establezcan términos y condiciones del pago en el que intervendrán Fiscalía de Estado, Contaduría y Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la provincia. En ese marco se reglamentó el régimen de consolidación de deuda de la Ley como único vía para cumplir con las sentencias judiciales originadas contra la acordada 858/91.
Es así que para solicitar el pago los acreedores judiciales debidamente reconocidos deben presentar sus liquidación judicial aprobada, o la liquidación emanada de la dirección de administración del poder judicial en el expediente judicial, por sí mismo o por sus apoderados, haciendo uso de la opciones de pago aquí establecidas. Se dará prioridad a los mayores de 70 años, y personas con discapacidad superior al 33,33%, personas con enfermedad grave.
Se requiere la conformidad del Fiscal de Estado, abonándose el 50% contado, y el saldo en el plazo de hasta 10 años; el resto podrán cobrar de contado con una quita o con plazo de hasta 10 años con intereses compensatorios según el plazo elegido. Se formalizará la cancelación mediante convenios de pago, susceptible de transmisión solamente por cesión de derechos.
