Cecilia rivero, la mujer que encabezó el grupo de adjudicatarios de viviendas del Caraguatá que reclamó frente al Ipduv denunció en su cuenta de Facebook haber sido víctima de «Apremios Ilegales en el Contexto de Violencia de género».
La letrada, que representa a un grupo de personas que reclama por su hogar, expresó en redes sociales:
REPUDIO a los hechos policiales ocurridos el día 22/11/2016, cuando fui “VÍCTIMA DE APREMIOS ILEGALES EN EL CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GENERO”, ante un reclamo que estábamos realizando pacíficamente en la AVENIDA SARMIENTO, “LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO CARAGUATA” que desde hace aproximadamente 1 año intentamos hacernos visibles ante la sociedad, a través de reclamos pacíficos, y así dar a conocer a la sociedad, nuestra lucha social, y no podemos perder de vista el mensaje que se desprendería, si dejamos que esto ocurra y guardamos silencio ante tal atropello, a una ciudadana pero también una Profesional de la Provincia del Chaco, ya que el STJCH. Nos nuclea y no puede desconocer las leyes que se deben hacer respetar ante cualquier atropello a la ciudadanía, pero más aún, debo insistir que siendo una auxiliar de la justicia, no se puede omitir tal violación de los derechos, ya que esto no debe repetirse.-
Denuncio públicamente a toda la CÚPULA POLICIAL, AL MINISTRO DE GOBIERNO Y AL PODER EJECUTIVO por el ataque recibido específicamente hacia mi persona, la igualdad de género es una política de Estado y sinónimo de crecimiento social, por lo que solicito su compromiso y repudio total, con una visión igualitaria y justa, con el fin de erradicar la violencia contra las mujeres, “he sufrido en carne propia, actos encaminados a humillar mi integridad física y Psicológica. De esta manera y en relación con el ejercicio de la fuerza pública, que fui la destinataria, está a la vista, ya que fui filmada por todas las cámaras de los medios de comunicación, y se puede ver que la fuerza de los funcionarios empleada es desproporcionada en relación con los fines que pretendía lograr y hoy me causa dolores y sufrimientos de todo tipo, el uso desproporcionado o excesivo de la fuerza equivale a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y siempre está prohibido. La idea de la proporcionalidad, que legitima la acción del agente estatal, desaparece cuando la persona objeto del control deja de estar en condiciones de resistir el uso de la fuerza, es decir, cuando el sujeto es reducido a una situación de indefensión. Dicho de otra manera, el ejercicio de la fuerza está amparado por el derecho en la medida en que ese ejercicio sea proporcional. En caso contrario deviene en trato cruel, inhumano o degradante y se sujeta a la prohibición absoluta que mandata el derecho internacional.
Me esposaron ambas manos, me arrastraron con las esposas puestas, tocaron mi cuerpo hombres policías, violaron mi intimidad descubriendo mis partes íntimas subiéndome la ropa a la altura de mi corpiño, golpearon mi pecho con el borde de la puerta de la caja de la camioneta policial, me tiraron como a una bolsa de papas en la caja descubierta de lo que se pretendía ser un móvil de traslado policial, el traslado fue sin preservar mi seguridad física, con cinco policías encima se mi cuerpo esposada en ambas manos, sin posibilidades de defensa alguna, en el caso de que ocurriese un accidente vial, pusieron en riesgo mi vida en el camino en un lugar prohibido para el trasporte de personas, y yo jamás ofrecí resistencia, estaba en total estado de INDEFENSION.
Los funcionarios policiales deben observar en el procedimiento los principios siguientes:
1. Legalidad.
2. Racionalidad.
3. Congruencia.
4. Oportunidad.
5. Proporcionalidad.
6. Presunción de inocencia.
7. No autoincriminación.
Debería haber habido en el procedimiento personal de tránsito en el lugar del hecho, los cuales nunca se hicieron presentes, como así tampoco ambulancia, como tampoco seguridad para las mujeres embarazadas y personas con capacidades diferentes.-
