Desde el Ministerio de Desarrollo Social, que encabeza Carolina Stanley, tratan de enviar buenas señales y aceleran las negociaciones con organizaciones sociales para evitar el ya tradicional clima de caos que cada diciembre complica a los gobiernos. Pero los informes que llegan a la mesa de análisis de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich no son para nada alentadores y amenazan con empañar el primer fin de año del gobierno macrista.
Debido a este complejo escenario, ayer el presidente Mauricio Macri analizó junto a Bullrich los operativos conjuntos entre las fuerzas federales en la provincia de Buenos Aires y en otras zonas en las que puede haber conflictos.
Según Juan Marino, dirigente de Tendencia Piquetera Revolucionaria,»la situación actual es una bomba de tiempo social y si el Gobierno no hace algo, puede estallar”. El panorama que plantea no contradice los informes de alerta que envían las diferentes fuerzas federales al Ministerio de Seguridad de la Nación.
El director nacional de Gendarmería, comandante general Gerardo José Otero, sabe que «el estado de situación es crítico».
La información de «reunión» que partió de la Región I, con asiento en Campo de Mayo, es el más alarmante de los informes que partieron de las otras regiones. Allí no sólo se advierte el corte de rutas, con ollas populares, y posibles saqueos, también «una hipótesis de pasividad de la Policía provincial y el rol de más de 2.000 efectivos apartados de esa fuerza».
Al cuadro se suma el creciente malestar que hay en la Policía Federal en el marco de la reestructuración y anexión con la Metropolitana. Las quejas por los pases de Gendarmería y el traslado de efectivos a zonas del conurbano bonaerense y a Santa Fe, también generan un dolor de cabeza en la cúpula del Ministerio de Seguridad.
El viernes 18 de noviembre habrá una marcha a Plaza de Mayo que amenaza con congregar a grupos piqueteros y organizaciones sociales de todo el país. Para Daniel Menéndez, del movimiento Barrios de Pie, la manifestación es para reclamar «un bono de fin de año para cada uno de los chicos que cobran la Asignación Universal por Hijo y para que se declare la emergencia social».
Referentes de las organizaciones sociales y sindicales más representativas coincidieron en señalar que las empresas no garantizan el bono de fin de año y que lo mismo sucede con algunos gobiernos provinciales, entre los que se encuentra el de María Eugenia Vidal. Todo indica que el aguinaldo para los que perciben planes sociales, los kits navideños, y el refuerzo de asistencia en los barrios más humildes, entre otras medidas que promueve Stanley, no alcanzará para aplacar el malestar.
Fuente: Ámbito Financiero.-
