Corregido indicó que es ilegal arancelar carreras de grado en las universidades públicas

Sociedad

El defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, expresó su preocupación ante la noticia de que la Universidad Nacional del Nordeste analizó la posibilidad de arancelar carreras de grado.

El ombudsman manifestó que dicha decisión no puede concretarse por ser ilegal y remarcó que de consentirse dicha propuesta, se establecería un precedente indebido que conllevara prácticamente a la privatización de las universidades públicas, una postura que por ley está prohibida en Argentina.

 

De concretarse en algún momento la idea de arancelar carreras de grado, se marcaría un retroceso. En este sentido se debe tener en cuenta que luego de la reforma constitucional del año 1994, aumentaron las obligaciones del Estado en materia educativa, en función de las atribuciones otorgadas al Congreso Nacional, que sancionó las leyes de organización y de base de la Educación, aclarando que se debe respetar los principios de gratuidad y equidad en la Educación Pública sin distinguir niveles de enseñanza, según el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional.

 

Además en el año 2015 el Congreso Nacional sancionó la ley 27.204 que modificó la ley de Educación Superior N° 24.521, mediante la introducción del  artículo 2 Bis que expresamente establece: “Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos. Prohíbase a las instituciones de la educación superior de gestión estatal suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados, que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización”.

 

El ombudsman sostiene que, en caso de que la Universidad no pueda solventar los costos de la carrera, debe abordarse desde el plano presupuestario esta cuestión, para garantizar el derecho constitucional de aprender.