El Gobierno dispuso este miércoles modificar el Régimen de Importación Definitiva para Consumo de Bienes Usados, con el fin de «simplificar y agilizar los procesos administrativos» para el ingreso al país de esos productos.
La medida quedó establecida a partir de un decreto publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Mauricio Macri; del jefe de Gabinete, Marcos Peña y de los ministros de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay y de Producción, Francisco Cabrera.
«Créase el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) que deberá presentarse ante la Dirección General de Aduanas dependiente de la AFIP, para la importación definitiva para consumo de los bienes usados comprendidos en las posiciones arancelarias de los Capítulos 84 a 90 de la Nomenclatura Común del Mercosur, así como de las partes y piezas importadas a consumo para ser incorporadas a los mismos», según el texto oficial.
El Gobierno aclaró que «excepcionalmente, cuando se tratare de partes y piezas que no se encuentren comprendidas en aquellas posiciones arancelarias, la Autoridad de Aplicación podrá autorizar el ingreso de las mismas al amparo del presente régimen, bajo las condiciones que mediante normas complementarias o aclaratorias se determinen».
Además, explicó que los bienes usados tributarán un derecho de importación del 14%, y los bienes comprendidos en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur tributarán un derecho de importación del 7%.
De acuerdo con lo dispuesto, los CIBU tendrán una vigencia de 120 días hábiles administrativos, contados a partir de su fecha de emisión.
El decreto también estableció que quedan excluidos de las exigencias y operatorias la importación de «Contenedores de carga seca, del tipo de los utilizados en el transporte marítimo de mercaderías».
El Poder Ejecutivo justificó esta decisión al señalar que la importación de bienes usados «constituye una alternativa para los sectores productivos, principalmente para las Pequeñas y Medianas Empresas, a efectos de incorporar maquinarias y equipos de producción, acceder a mayores escalas, mejorar la productividad e incorporar tecnología más avanzada con menor inversión».
«En este sentido, resulta conveniente introducir modificaciones a la normativa existente tendientes a simplificar y agilizar los procesos administrativos correspondientes al régimen en cuestión», añadió.
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