La Cámara Federal confirmó la medida por mayoría contra la hija de Cristina Fernández de Kirchner.
La Cámara Federal porteña confirmó hoy por mayoría el embargo de más de cinco millones de dólares secuestrados a Florencia Kirchner, hija de la ex Presidenta de la Nación, en el marco de la causa Hotesur.
La decisión fue tomada hoy por los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah mientras que Eduardo Freiler se pronunció por devolver el dinero. El 15 de julio pasado, el juez federal Julián Ercolini embargó 4.664.000 dólares de una caja de seguridad en el Banco Galicia a nombre de Florencia Kirchner, y el dinero que había en dos cajas de ahorro: 1.032.144 dólares y 53.280 pesos.
La diputada nacional de GEN Margarita Stolbizer denunció que el objetivo de Cristina Fernández era sacar el dinero a su nombre de la esfera de la justicia ante un eventual embargo de sus bienes en el marco de la causa por dólar futuro, algo que fue respaldado por el fiscal Gerardo Pollicita.
A criterio de Pollicita y Ercolini, «las maniobras, en principio, se compatibilizaron con aquellas encaminadas a consolidar el producido del ilícito investigado en la causa, toda vez que la fecha de apertura de las cajas de seguridad a nombre de Florencia Kirchner -3 de marzo de 2016-, operó solo cuatro días hábiles posteriores a que su madre, Cristina Fernández de Kirchner, fuera convocada por el Dr. Claudio Bonadio a prestar declaración indagatoria» en la causa ‘Dólar Futuro'».
La defensa de Florencia Kirchner, en nombre del abogado de su madre, Carlos Beraldi, reclamó la nulidad del embargo y sostuvo que a ese dinero se llegó a raíz de allanamientos y operativos que se hicieron en la causa Los Sauces, a cargo de Claudio Bonadio.
También dijo que los fondos estaban debidamente declarados, algo que al fiscal le pareció «irrelevante» ya que «lo importante a tener en cuenta era su origen», contemplando que la causa pretende saber si «Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Florencia y Máximo Kirchner resultaron beneficiarios en forma sistemática de los pagos que los empresarios favorecidos por el Estado Nacional habrían realizado a favor de ellos, vía el alquiler de los complejos hoteleros de su propiedad y la falsa contratación de habitaciones, lo que les habría permitido, valiéndose de un entramado societario, otorgarle carácter legítimo al dinero obtenido en gran medida a través de la ilícita concesión de obra pública en perjuicio del erario».
La causa Hotesur investiga justamente supuestas irregularidades societarias y un presunto lavado de dinero entre los hoteles de los Kirchner y empresas de Lázaro Báez, que les pagó por habitaciones que supuestamente no usó.
La Sala I de la Cámara Federal se negó a devolver el dinero, con el voto de Ballestero, respaldado por Farah, informaron fuentes judiciales.
Ballestero afirmó que «le asiste razón al Magistrado (Ercolini) cuando afirma que los distintos elementos de juicio incorporados al legajo, que han sido reseñados por la fiscalía al momento de describir la matriz de negocios irregulares» resultan «suficientes para considerar verosímil la hipótesis criminal que guía la investigación, cuanto menos con el mínimo grado de convicción que es exigible para el dictado de esta clase de diligencias precautorias».
«A la par de ello, el direccionamiento de los embargos preventivos hacia el dinero detentado por Florencia Kirchner en el Banco Galicia aparece coherente con la referida tesis de investigación, que ubica a la nombrada dentro del engranaje societario utilizado para canalizar los fondos de origen ilícito que los empresarios beneficiados por la irregular concesión de obra pública habrían otorgado a la familia presidencial».
Según dijo, «esa sospecha, sumada a la presunción de que parte del dinero hallado en sus cuentas bancarias y su caja de seguridad le habría sido entregado en distintos momentos y circunstancias por sus padres, quienes según la postura de los acusadores se habrían encontrado al frente de la organización ilícita, constituyen extremos que han sido contemplados razonablemente en el decisorio impugnado como indicadores de la verosimilitud del derecho y la razonabilidad de la cautela».
Y remarcó que «los movimientos dinerarios detectados entre las cuentas bancarias de Cristina Fernández de Kirchner y su hija Florencia, como también los depósitos constatados en la caja de seguridad registrada a nombre de esta última, podrían resultar compatibles con maniobras destinadas a sustraer de la acción de la justicia el producto del ilícito investigado».
En ese marco, dijo, «pierden entidad las alegaciones de la defensa orientadas a poner de resalto la trazabilidad de las sumas de dinero depositadas en la caja de seguridad y cuentas bancarias de su representada, como también el resto de las explicaciones que se dirigen a demostrar la transparencia de las operaciones dinerarias.
A contrapelo de ese criterio, Freiler aseguró que debían anularse el embargo, fundado en la forma en la que Stolbizer accedió a esa información.
Perfil.
