Ante la nueva sentencia que establece la inconstitucionalidad de la Ley 7751 -la provincia hace mención al Decreto 2092- el fiscal Luis Meza adelantó que la Fiscalía incoará recurso extraordinario provincial ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia con reserva del caso federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación pueda revisar la causa y rechazar cualquier inconstitucionalidad planteada contra dicha norma.
Según el fiscal, existen fundados argumentos para hacerlo y razones suficientes para afirmar que la Provincia del Chaco está en estado de emergencia económica y financiera ante la realidad imperante del país y este mega juicio de empleados defensores, fiscales y jueces del Poder Judicial del Chaco; mientras tanto la ley 7782 sigue vigente y la operatoria de pago continúa.
En este sentido, mantuvo una postura firme de que «en todos los casos adversos, la Fiscalía seguirá apelando tanto en el caso de los fallos de primera como de segunda instancia entendiendo que hay sobrados argumentos que garantizan la constitucionalidad de la ley» que prevé y está conduciendo a saldar la deuda con los judiciales.
Para que se dicte sentencia definitiva y con carácter de cosa juzgada se debe llegar a la última ratio, mediante pronunciamiento Judicial realizado por la Corte Suprema de la Nación firme y consentido y en este proceso primero debe expedirse la Procuradora General de la Nación mediante el correspondiente dictamen y luego el proceso recién se encontraría en estado para que dicte sentencia la Corte Suprema. Por ello, ley sigue vigente a pesar de la existencia de algunas sentencias adversas en los Tribunales Inferiores.
«Se apelará y se llegará si es necesario a la Corte Suprema de la Nación, para lograr que se desestime cualquier planteo de inconstitucionalidad realizado en ese sentido», indicó el Dr. Luis Alberto Meza y explicó que «la ley es constitucional por cuanto está legitimada por los legisladores provinciales electos por voluntad popular al igual que el Sr. Gobernador en el caso del decreto referido, pero además de ello la crisis en económica en el Chaco podría quebrantar los servicios esenciales del Estado (seguridad, salud, justicia y educación y aumentar la desocupación, entre otras cosas) lo cual habilita el estado de emergencia económica y financiero invocado por la ley provincial 7751». Por otra parte, aformó que «la ley resguarda y preserva los intereses generales y el bien común por sobre los intereses sectoriales o individuales». «Fue de público y notorio la grave situación económica de la provincia que conduce al estado de emergencia. Existieron y existen varios millones de pesos embargados pertenecientes a fondos provinciales provenientes de la coparticipación federal que jaquearon económicamente las finanzas del estado provincial», indicó.
También llevó tranquilidad a los trabajadores judiciales que están realizando sus trámites para cobrar sus acreencias, expresó que pueden seguir con los mismos «por cuanto la ley está vigente y sólo podría declararse inconstitucional si la emergencia hubiera sido irreal, o cuando no haya sido aprobado por actores legítimos, pero Diputados electos por el pueblo han manifestado su aprobación», señaló.
Destacó asimismo que «a partir de esta ley se pudo garantizar que los hospitales sigan funcionando, así como las escuelas y las fuerzas de seguridad».
La operatoria de pago continúa
El Fiscal remarcó que “por supuesto no se deja de pagar, la ley sigue imperando y los que se presentaron, y celebraron el acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Finanzas deberían cobrar rápidamente”.
En este marco, planteó que la operatoria de pago se está llevando adelante en óptimas condiciones. «Estamos muy entusiasmados con la tramitación del pago del juicio a los judiciales, a la gente se le está empezando a aclarar la situación», resaltó.
«Todos los interesados pueden seguir concurriendo a la Fiscalía de Estado en Irigoyen 236, donde hay un equipo técnico que lo va a informar, asesorar, y explicará el decreto 2092, donde hay 10 opciones de pago, lo cual debe aclararse porque algunos plantean que sólo se va a pagar el 50%, pero lo cierto es que las quitas se reducen de acuerdo al mayor plazo elegido», recordó por último.
