Un organismo oficial sostuvo que los desaparecidos durante la última dictadura fueron 6.348 y que otras 952 personas fueron asesinadas sin mediar desaparición forzada.
Así se desprende del informe que el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte), dependiente del Ministerio de Justicia, remitió a la ONG Ciudadanos Libres, que había pedido esa precisión incluyendo también a las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el gobierno peronista de 1973-1976.
El documento indica que «durante ambos períodos solicitados (peronista y militar) se produjeron 7.010 desapariciones forzadas y 1.561 asesinatos sin mediar desaparición forzada, lo que hace un total, para ambos períodos, de 8.571 víctimas de terrorismo de estado».
Esa cifra podría incrementarse levemente, pues el Ruvte reconoció que posee «información sobre 135 casos observados o en investigación y 789 casos sin denuncia penal (en calidad de víctimas presuntas en investigación)».
Del total de 7.010 desapariciones, según el desagregado del informe, 662 casos ocurrieron durante el gobierno de Isabel Perón y 6.348 desde el 24 de marzo de 1976 en adelante.
El informe diferencia desapariciones de asesinatos sin desaparición, y en este último rubro indica que hubo 609 casos en el gobierno peronista y 952 durante la dictadura.
Ciudadanos Libres, a través de su titular, el abogado José Mangiocalda, pidió información a la
Secretaría de Derechos Humanos sobre las víctimas del terrorismo de Estado.
El secretario Claudio Avruj respondió que «tomó intervención el área de investigación» de su dependencia que elaboró «el informe de actualización octubre de 2016» y «también se expidió el Archivo Nacional de la Memoria, a través de su informe de fecha 31 de octubre». «Ambos instrumentos son compartidos por el suscripto», escribió Avruj.
El Archivo Nacional de la Memoria, a cargo de Gustavo Peters Castro, elaboró en su informe, como respuesta, que «el número de 30 mil desaparecidos es la cifra que ha sido estimada en razón de diversas variables».
Entre ellas mencionó «el temor, el fallecimiento o la resignación de los familiares de las víctimas, la inaccesibilidad a la justicia de las poblaciones campesinas o más postergadas, el funcionamiento de más de 700 centros clandestinos de detención y el carácter masivo, ilegal y clandestino de la represión».
«La cifra de 30 mil desaparecidos ha sido una bandera portadora del reclamo de justicia de los organismos de derechos humanos y ha contribuido al proceso de reconstrucción y afianzamiento de la democracia en nuestro país, por lo que debe ser respetada», reivindicó.
«El número de personas desaparecidas continúa siendo indeterminado y toda cifra que pueda informarse resulta parcial, provisoria y bajo ningún concepto debe considerarse definitiva», subrayó el Archivo Nacional de la Memoria.
MinutoUno.
