El defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, se presentó esta mañana a las audiencias públicas en Formosa convocada para analizar la propuesta tarifaria de la empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino Sociedad Anónima (Transnea S.A.) y de la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión (Transener).
Allí presentó dos escritos donde solicita que se suspendan las mismas debido a la falta de información sobre costos. El ombudsman pide que se convoque a nuevas audiencias, previa publicación de los datos correspondientes.
Corregido explica que, para poder participar y ser parte en la decisión administrativa, los usuarios necesitan contar con información veraz y detallada, con la anticipación suficiente. Sin embargo para estas audiencias, la información que el Ente Regulador de Electricidad (ENRE) brindó en su página web, sólo refleja el historial de cuadros tarifarios de distintas categorías y rubros de las empresas Edenor, Edesur y Edelap, que no tienen ningún tipo de relación con la empresa Transnea S.A., por lo que son ajenas al objeto que se discute en la región.
El defensor explicó además que para verificar la existencia de documental respaldatoria, conforme lo establecido en la resolución que convoca a ambas audiencias públicas, el 12 de diciembre fue a la sede del Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos de Formosa y solicitó la exhibición del expediente. El doctor Carlos Abreu le detalló que la información existente en ese organismo era la misma que se encuentra en la página web, por lo que no se cumple con los requisitos legales.
“Van a fijar un precio arbitrario porque estas audiencias son una farsa: nadie puede participar al no tener información de los costos”, sentenció Corregido. El ombudsman también cuestionó las declaraciones del ministro de Energía y Minería de la Nación, José Aranguren, y dijo que “es mentira que las audiencias públicas van a ser la referencia para fijar el precio porque no se cumple con el marco legal que corresponde”.
Dos precios distintos
El defensor explicó que en principio esta audiencia iba a referirse únicamente a la tarifa de transporte de energía de media tensión, un precio sobre el que las provincias hace mucho tiempo vienen pidiendo la administración porque el mal desempeño de Transnea afecta de manera negativa en los costos a Chaco, Corrientes y Formosa. Por otro lado detalló que recién el lunes recibió la notificación de que en esta jornada también que se iban a tratar los precios estacionales, de impacto nacional, que corresponden al costo de transporte de alta tensión.
“La falta de información es preocupante. A esto hay que sumar que el aumento en el precio establecido en la resolución 6/2016 emitida por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación está suspendida por una cautelar del Juzgado Federal pero los funcionarios nacionales no acatan la resolución judicial. Esta audiencia está viciada de irregularidades”, remarcó.
Corregido pidió al presidente de la audiencia local, Sergio Alejandro Barone – y también al de la audiencia nacional – que se fije una nueva fecha para este acto administrativo y que previamente se publique la información debidamente detallada, con su documental respaldatoria, estableciéndose la fuente u origen de los datos. “Sin esos datos se impide una efectiva participación en la decisión que finalmente se adoptara, vulnerándose derechos constitucionales”, concluyó.
Junto a Corregido y en coincidencia a su postura estuvo presente el secretario de Energía de Corrientes, Eduardo Melano, el ingeniero José Torre de la subgerencia de asuntos regulatorios de DPEC y el defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca.
La audiencia sobre precios de alta tensión se inició alrededor de las 9 y se transmitió por videoconferencia. A media mañana recién se inició en el Salón Dorado del Hotel Internacional de Turismo de la capital formoseña, la audiencia por los precios del transporte de energía de media tensión, que estuvo presidida por Sergio Alejandro Barone y Rodrigo Ginés Yaltone, además del asesoramiento jurídico de Raúl Alberto Palomo.
