Hasta ahora el delito más grave que enfrentaba Cristina Kirchner era la corrupción. Desde ayer sumó una acusación que la coloca entre los peores líderes políticos del mundo: la protección del terrorismo. Éste fue el año en que la Justicia cercó a la ex presidenta.
Los tribunales procesaron en 2016 a Cristina Kirchner en dos causas: Claudio Bonadio la mandará en febrero a juicio oral por el dólar futuro y Julián Ercolini la acusó de corrupción por expoliar al Estado de sus fondos y cederlos a Lázaro Báez. Por la corrupción inherente al kirchnerismo están presos dos secretarios de Estado: Ricardo Jaime y José López, además del propio Báez, acusado de lavar dinero.
Pero éstas son sólo las primeras piezas del rompecabezas, a las que se sumarán en 2017 las indagatorias de Cristina Kirchner por Los Sauces y Hotesur, dos casos emblemáticos donde se completa el circuito de los fondos, que regresaron a las arcas de la familia presidencial.
A este escenario se sumó ayer la denuncia de Nisman contra la ex presidenta. «Sólo falta que me acusen de asesinar a Kennedy», ironizó anoche Cristina por Twitter. Pero una cosa es ser vista a los ojos del mundo como una ex presidenta latinoamericana acusada de malversación de caudales, casi un lugar común en la región, y otra, muy distinta, como cómplice de países que fomentan el terrorismo alrededor del mundo.
Las pornográficas fotos de las cajas de seguridad de Florencia Kirchner, rebosantes de dólares; el revoleo de bolsos de López o las imágenes explícitas de «La Rosadita» compiten en rating con las escuchas que sostienen la denuncia de Nisman. Que un ex presidente sea investigado por corrupción ya es parte del paisaje argentino de los últimos 25 años. No asombra. Pero con cargos de encubrimiento del terrorismo internacional, estamos ante una rareza que en Europa y Estados Unidos llama la atención.
La denuncia de Nisman mostró una Justicia partida, entre los que pugnaron por reabrir el caso y los que quisieron enterrarlo. La pelea fue a fondo y desnudó extremos: un sector de la Justicia que ya no disimula su oposición al gobierno anterior, con fuertes pronunciamientos, y otro que se enroló en el kirchnerismo protector.
La Asociación de Magistrados, el gremio de los jueces y fiscales, fue más allá: dijo que con Nisman «mataron» a uno de los suyos, y el fiscal Germán Moldes vinculó la muerte con la denuncia previa.
Mariano Borinsky y Gustavo Hornos le pusieron la firma al reclamo de una multitud que marchó bajo la lluvia cuando murió el fiscal. Ahora la Justicia tiene las manos libres para investigar si Cristina Kirchner buscó exculpar a Irán del atentado. El fallo de ayer dice que es «verosímil, plausible y coherente» el rompecabezas que armó Nisman juntando miles de escuchas telefónicas y discursos presidenciales.
Lo que pasó en estos dos años para evitar la reapertura de la causa tiene que ver con estas pujas, en las que la comunidad judía, a través de la DAIA, fue el ariete que abrió la posibilidad de que la Cámara de Casación se pronunciara. Le doblaron el brazo al sector más kirchnerista de la Justicia, que pretendía sepultar la denuncia del fiscal fallecido.
El fallo de ayer no prueba nada sobre la responsabilidad de Cristina Kirchner, excepto hasta dónde pueden tensarse los extremos. Implica que va a comenzar una investigación y es la primera vez que un tribunal se puso a analizar las pruebas que Nisman presentó para acusar a la ex presidenta.
Ahora se empezará a saber si la ex presidenta, además de tener que responder por la corrupción, deberá también responder por el encubrimiento a los acusados del atentado terrorista contra la AMIA.
La Nación.
