El Partido Obrero emitió un comunicado donde asegura que hace años funciona una «mafia de las tierras» que actúa robando campos a pequeños productores y matando sus animales.
La denuncia sostiene que «hace varios años, en el pueblo de Vedia viene actuando una mafia de tierras que actúa para desalojar a pequeños campesinos, quedarse con sus tierras condenando a la muerte a sus animales, y dejando a la población sin su fuente de sustento. Verónica López, con quien dialogamos, pertenece a una familia desalojada: les fueron arrebatadas 18 hectáreas que su familia trabaja hace sesenta años, en un juicio donde interviene la Fiscalía 2 de Resistencia. La mayoría de sus animales murieron: sólo quedaron cinco luego de que el resto fueran sacados a la calle, y algunos de ellos envenenados».
«En épocas de la Intendente interina María Antonia Infeld, hace diez años, la municipalidad donó tierras fiscales al Sr. Robledo, el secretario del Juez de Paz del pueblo, entre otros. Luego, se armó un mecanismo de venta de tierras en el que interviene también Hugo Rolón, jubilado que fue durante años empleado de Catastro de la Municipalidad. De acuerdo a las denuncias de las familias involucradas, el acceso a los datos de catastro sirve para facilitar las ventas truchas de tierras fiscales que los campesinos ocupan desde hace décadas para luego desalojarlos. Hay 20 familias que fueron sufriendo desalojos por parte de esta mafia de tierras, enquistada en la dirección de catastro de la Municipalidad, y en el Juzgado de Paz».
«Verónica López denunció que la fiscalía 2 de Resistencia, bajo las órdenes de Guillermo Insaurralde, “se encarga de llevar cincuenta policías que le dan una patada a la puerta y entran en los terrenos como dueños de casa, llevan también al Senasa para sacarnos los animales, no nos escuchan, presentamos testigos y rechazan los testigos y así nos quieren quitar nuestras tierras”.
Los campesinos denunciaron la situación en una audiencia con el Ministro de Gobierno, Bergia, y ahora están pidiendo una reunión con el Intendente, para frenar los desalojos, pero no han obtenido respuesta.
Aurelio Díaz, referente del PO provincial, viene acompañando las denuncias, con el planteo de conformar una asamblea popular en Vedia para frenar los desalojos, devolver las tierras a los campesinos que las ocupan hace décadas y garantizar el acceso a la tierra para todos los vecinos que necesiten trabajarla.
La ocupación ilegítima de tierras fiscales por parte de empresarios o amigos del poder político, en las últimas dos décadas, llevó a la entrega de tres millones de hectáreas de la provincia, una confiscación de enorme alcance y graves consecuencias sociales. Deben ser abiertos los archivos de la dirección de colonización y las direcciones municipales y provinciales de catastro para anular las entregas ilegales y restituir los terrenos a sus legítimos propietarios o a la provincia cuando corresponda.
