Tras la medida de fuerza que comenzó el lunes pasado y por la cual aseguran que se frenaron los pagos a proveedores del Estado y que ponen en riesgo las liquidaciones de haberes de la administración pública, el Gobierno busca destrabar la situación vía amparo.
Trabajadores de Tesorería General y Contaduría General de la Provincia llevan a cabo una medida de fuerza en reclamo a la firma de una resolución que avala los aumentos salariales que se dieron hace siete meses, equiparando su escalafón al de los ministerios. Desde el Ejecutivo, afirman que la inactividad es deliberada y ya afectó a diversas áreas.
El Gobierno solicitó al Fiscal del Estado que presente un amparo ante la Justicia para garantizar que no se paralice la carga y liquidación no sólo a proveedores sino a toda la administración pública.
