Se preparan para resistir aplicación del Impuesto a los “nuevos” magistrados que asuman sus cargos, en caso de que el proyecto de la oposición pase el Senado. Buscarán que la interpretación no incluya a ningún candidato que ya integre el Poder Judicial.
Los jueces de todo el país encendieron las primeras señales de alerta y se prepararon para la batalla apenas leyeron el apartado contenido en el proyecto unificado de la oposición de Impuesto a las Ganancias que los incluye dentro de la cuarta categoría.
El artículo 3° de la iniciativa que, en principio se trataría mañana, contiene en su descripción como sujetos del impuesto a «los Magistrados con ingreso al Poder Judicial o al Ministerio Público posterior al 1 de enero del año 2017». Con esto, se intentó enviar un mensaje político que zanjó de prepo la negativa histórica de los magistrados a ser incluidos en el gravamen, merced a la «intangibilidad» de sus salarios atada al concepto de independencia judicial. Así, quienes asuman como jueces o fiscales a partir del primero de enero, quedarán sujetos al pago del tributo como condición para ser nombrados en el cargo. Quienes ya estén en sus puestos a esa fecha, continuarían exceptuados. La preocupación comenzó a incrementarse apenas el proyecto tuvo en menos de 24 horas su acuerdo en Diputados, el pasado martes.
A partir de allí, se delineó una estrategia para enfrentar la obligación que gira en torno a la interpretación de lo que sería un «nuevo juez», más allá de la fecha de su ingreso en funciones. Esta lectura impondría que solo serían elegibles para el pago quienes asuman juzgados o fiscalías pero que no se hayan desempeñado con anterioridad dentro de la estructura del Poder Judicial o de los Ministerios Públicos, Fiscal y de la Defensa.
Es que como empleados judiciales, un secretario que concursa para un puesto de juez está excluido de pagar el tributo y lo estaría también de aprobarse la norma. Por lo que los jueces interpretan que no podría considerárselo como ingresante al Poder Judicial, lo que, en una interpretación restrictiva, sólo habilitaría a que se cobre a quienes ingresan desde la matrícula de abogado o desde la academia. El resto, quedaría comprendido dentro de la estructura del Poder Judicial o de los Ministerios Públicos, que hoy cuentan con una cláusula de enganche que los asimila como magistrados en cuanto a la exención de ese impuesto.
De todas formas, los magistrados calculan, ninguna de las actuales 254 vacantes del Poder Judicial que podrían ser cubiertas bajo la nueva normativa generarían un beneficio fiscal factible de ser considerado sustantivo para las cuentas públicas. El principal desafío del que son conscientes es que hoy, su exclusión del Impuesto es percibida como un beneficio,muy contraria a la visión interna que lo considera un derecho adquirido.
Otro de los puntos de defensa será la disparidad que por los altos salarios de la magistratura se generará entre los jueces «viejos» y los que comiencen a tributar un 35% de retención. Afirman, como último recurso, que toda la cuestión es factible de ser judicializada, algo que podría tener incluso una derivación en algún planteo de inconstitucionalidad para todo el Impuesto a las Ganancias. Ese extremo, con consecuencias insospechadas, aún no forma parte del escenario inmediato.
Pese a que de forma pública todos los magistrados, incluido el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, coinciden en que se debe normalizar entre los jueces el pago de Ganancias, por lo bajo es unánime definirlo como un problema «complicado», en el que no existen visiones unívocas. El pasado 22 de junio, hubo una reunión cumbre para encarar el asunto con auspicio de la Corte. El rechazo fue total y se creó una comisión de aplicación del impuesto, una forma elegante de esquivar definiciones.
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