A mediados de diciembre pasado el juez Claudio Bonadio designó interventores en dos sociedades de la familia Kirchner. Y también en otras firmas vinculadas al entramado de negocios que se investiga en la causa judicial llamada «Los Sauces». Esa sociedad propiedad de los Kirchner está bajo investigación por sospechas de lavado de dinero y cohecho.
La firma «Los Sauces» recibió casi con exclusividad pagos por alquileres de parte de empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López, dos empresarios que recibieron enormes beneficios durante los 12 años de kirchnerismo.
Un peritaje contable ordenado por Bonadio y firmado en conjunto por los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los aportados por la fiscalía a cargo de Carlos Rívolo, y los puestos por los imputados, determinaron que las empresas de López pagaron por el 63 % de lo facturado por «Los Sauces» en tanto las firmas de Báez aportaron un 25%. La sociedad les extendió en conjunto a López y Báez el 88% de sus facturas. Desde que comenzó a funcionar en 2006 hasta la realización del peritaje, el año pasado, la sociedad «Los Sauces» consolidó un patrimonio de 12 millones de pesos.
Bonadio designó interventores en «Los Sauces» y en la Sucesión de Néstor Kirchner. Y también interventores informantes en las sociedades de Cristóbal López y Lázaro Báez. Y también en las del socio histórico en los negocios de los Kirchner: Osvaldo Sanfelice. Bonadio tomó esa determinación al haber corroborado en la causa un maraña de operaciones en las que se cruzaban todas las sociedades y en las que las mismas personas aparecían en diferentes estructuras jurídicas que interactuaban entre sí.
Según informaron fuentes judiciales los interventores tiene extrema dificultad para conseguir la documentación de dos de la sociedades intervenidas: Negocios Patagónicos e Idea S.A, ambas manejadas por Sanfelice.
Es por eso que Bonadio le ordenó a la Delegación de la Policía Federal de Río Gallegos que realice hoy dos allanamientos. Uno en el domicilio fiscal de Negocios Patagónicos y otro en las oficinas de la firma Negocios Inmobiliarios-la inmobiliaria que fuera propiedad de Máximo Kirchner y otros socios- porque allí tiene su sede la sociedad Idea.
Los interventores quieren tener toda la documentación de esas firmas para poder realizar la tarea encomendada por el juez: informar los movimientos de las sociedades relacionados con la investigación de Los Sauces.
