“La ley es tela de araña, y en mi ignorancia lo explico,no la tema el hombre rico, no la tema el que mande,pues la rompe el bicho grande y sólo enrieda a los chicos.”José Hernández (Martín Fierro).
Cada tanto se renueva el pedido de volver al pasado: bajar la edad de imputabilidad de los jóvenes. Cada tanto la sociedad hace la del avestruz: esconde la cabeza debajo de la tierra convirtiendo a las víctimas, los jóvenes pobres, en victimarios.
Es un proyecto claramente regresivo, porque los jóvenes de 14 años comenzaron a ser imputables en 1921. Fue el peronismo el que puso la edad en 16 años en 1954 para proteger a la infancia mediante la Ley N° 14.394 que el golpe del ´55 derogó en forma inmediata y parcial por decreto para volver a la edad de imputabilidad a los 14 años. Fue en 1983, unos meses antes de la recuperación de la democracia que la edad volvió a elevarse a los 16. ¿Es casual que este gobierno quiera volver al mismo piso que la dictadura?
Debemos comenzar diciendo que esta es una cuestión ideológica, de ampliación o restricción de derechos, de protección o desamparo de la infancia. Es un secreto a gritos que a los únicos que castiga la Ley Penal es a los pobres, como dice el Martín Fierro. Los jóvenes de clases más altas pueden arremeter con autos de lujo contra simples peatones, matar a palos a otros jóvenes, violar a mujeres o asesinarlas y, casi siempre, son absueltos al amparo de generosas billeteras que le permiten pagar los mejores abogados que, conocedores de la Ley, siempre encuentran alguna trampa para evadirla.
Por supuesto que los mayores responsables de las muertes evitables en la Argentina, no son los pobres. Los verdaderos responsables son quienes favorecen la altísima concentración de la riqueza en pocas manos, que producen hambre, deficiente alimentación y paupérrima atención sanitaria de millones de argentinos, que en muchos casos desemboca en la muerte. Los culpables son quienes pertenecen a la histórica y rancia oligarquía. Los mismos que evaden impuestos con empresas off shore en paraísos fiscales y llevan capitales al exterior que algunas estimaciones sitúan en 400.000 millones de dólares (¡podríamos cancelar toda la deuda externa!), con los cuales podríamos mejorar los servicios públicos y desarrollar la industria para generar millones de empleos en todo el país para terminar con la pobreza.
Estos sectores que hoy gobiernan, en un año han producido un millón y medio de nuevos pobres. Muchos de ellos son jóvenes, muchos de ellos tienen entre 14 y 16 años. Lo mejor sería para su futuro darles más acceso a cultura y educación. Con gran hipocresía, los mismos sectores que producen a los pobres encontraron la solución para la pobreza de los jóvenes: más exclusión, menos acceso a cultura, educación y, si es que superan la muerte a manos de las fuerzas de seguridad, “la solución final” de cárcel.
La cárcel sería solo castigo. Porque está claro que no sirve para recuperar o reinsertar a los jóvenes, por lo tanto se violaría la Constitución que establece que aquella debe servir para preparar a los hombres para la libertad.
Cambiar el sistema penal, tampoco mejoraría las condiciones de la sociedad, ya que el más grave problema es que no se cumple con las leyes existentes. Los jueces deberían comenzar por hacer cumplir con la Ley 26.061, que garantiza La Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que nuestro país, de condiciones básicas de existencia como agua potable, vivienda, educación y salud de calidad, ambiente sano, oportunidades, cultura, vacaciones, futuro. Ni el Poder Judicial, ni el Poder Ejecutivo cumplen con estos mandatos.
Si todo esto se cumpliera, recién podríamos considerar en endurecer las penas de quienes no quieran incluirse en la sociedad. Mientras tanto, es ensañarse con las víctimas, con todos los excluidos que no tienen oportunidades y son inducidos por paradigmas culturales del consumismo hacia el delito. Es cierto que no todos los pobres incurren en él, tanto como que todos los que evaden impuestos generan muchos pobres y muertes que tampoco son castigadas con las leyes vigentes.
Resulta curioso que funcionarios judiciales quieran investigar la delirante idea que alguien indujo al fiscal Nisman al suicidio con clara intencionalidad política. Sin embargo nadie inicia un expediente con los funcionarios públicos de todos los poderes, banqueros, CEOS y empresarios que inducen en forma compulsiva y evidente a miles de jóvenes al delito, al privarlos de sus derechos.
Quienes acompañamos el último período de gobierno nacional de doce años nos tenemos que hacer cargo de que tampoco pudimos terminar con la pobreza, ni pudimos garantizar el cumplimiento de todos los derechos constitucionales a todos los ciudadanos y en particular a los jóvenes. Acá es dónde debemos tener la madurez de reflexionar para que cuando volvamos (porque vamos a volver) tomemos las medidas necesarias para que reconozcamos la mayor cantidad de derechos y no haya lugar para un nuevo retroceso.
Edgardo Gabriel Pérez
DNI 17.675.870
Subsecretario de Relación con la Comunidad Educativa
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
