El lunes saldrá publicado en el Boletín Oficial un decreto de necesidad y urgencia para regular el ingreso de extranjeros con antecedentes penales y expulsar a los que viven en el país y hayan cometido delitos.
El oficialismo logró negociarlo con sectores de la oposición, como el Frente Renovador y el Frente para la Victoria.
Antes de partir a unas nuevas vacaciones, esta vez a Chapadmalal, el presidente Mauricio Macri firmó el DNU en una reunión del gobierno en la quinta de Olivos. Según la nueva medida, las autoridades tendrán que actuar cuando exista condena en primera instancia o un procesamiento, mientras que se trate de delitos que, según la ley argentina, merezcan penas de prisión. El DNU ejemplifica con algunos casos puntuales: el tráfico de armas, de personas, órganos, drogas, lavado de dinero y corrupción.
A la vez, se sumará un procedimiento que buscará acortar los plazos burocráticos para la expulsión de un inmigrante que haya cometido delitos. En todos los casos en que el inmigrante delincuente sea expulsado, no podrá volver al país hasta ocho años después, o directamente le será prohibido de forma perpetua, según la gravedad de cada caso.
