Por estos días está en boca de toda la opinión pública un tema sensible como la baja de la edad de imputabilidad, y también el pedido de penas más fuertes para tal o para cual, que roza la discriminación y hasta la xenofobia. Esto, sin dudas, cobra notable relevancia cuando están en juego las vidas de las personas pero también los intereses de sectores con poder dentro de la sociedad.
Desde el inicio del Estado moderno, con sus instituciones de gobierno, justicia y represión, el sector mayoritario de la sociedad (pobres, desprotegidos, vulnerables, originarios, trabajadores, campesinos, etc.) está bajo el yugo de una parte minoritaria que mueve los hilos a su antojo. Muestras de eso sobran, y se lo puede apreciar sin ir más lejos con los beneficios impositivos que tienen las empresas capitalistas en distintos puntos del país y la provincia, o la poca cantidad de políticos, jueces, abogados, empresarios y representantes de fuerzas armadas o de seguridad que tuvieron que rendir cuentas en la justicia.
La impunidad está a la orden del día, y la gente suele criticar eso cuando se conocen casos de inseguridad en los que están involucrados menores de edad o ladrones que reinciden luego de haber salido de algún penal. Pero esa misma impunidad es la que se ve en los ámbitos más elitistas, en los más individualistas y que forman parte, a menudo, de las decisiones claves en materia de orden social y organización de la sociedad, con direccionamientos muchas veces notables y que el conjunto de personas termina recibiendo sin cuestionar.
El pedido de la baja de imputabilidad o de penas más fuertes cuando un delito se comete contra un grupo en particular significa un recorte injusto de una realidad mucho más profunda. Una realidad de la que es responsable el Estado, la clase dirigente y sus aliados. De la que es responsable la justicia, que avala la corrupción y que falla a conveniencia, pero que nunca saldrá desfavorecida.
Es ilógico considerar que una vida vale más que otra. Es inaceptable. El agravante, en todo caso, si es que lo hay, tiene que ser por igual para todos y no solo para unos pocos. Los casos de gatillo fácil, por ejemplo, significan un abuso de autoridad y un hecho despreciable, como también lo es un asesinato en ocasión de robo. Pero la vara para medir, en estos dos casos puntuales, nunca fue la misma. Y solo son dos ejemplos.
Sería pertinente discutir a fondo el tema de las oportunidades, esas que el mismo Estado se encargó durante siglos de tirar abajo para la clase trabajadora, la clase explotada, a la que restringen libertades desde siempre. Debatir en profundidad qué tipo de educación se puede brindar a los niños y sus padres, tanto dentro como fuera de las instituciones educativas. Generar conciencia sobre el trabajo es indispensable, y exigir a los gobernantes una política de empleo digno, sustentable y bien remunerado es una tarea fundamental en la cual debe ponerse al frente el conjunto de la ciudadanía, sin distinciones sociales, pero también delimitándose de quienes ofician de verdugos del pueblo.
La justicia, todavía con muestras claras de parcialidad, no podrá lograr un cambio que sea justo hasta que se depuren y arranquen de raíz los intereses espurios, ególatras e indignos que solo buscan beneficiar a una parte para seguir excluyendo a otra, esa otra que paradójicamente está atada a las decisiones de la primera porque así lo estipula el sistema desigual e injusto en el que vivimos cotidianamente.
Por Mauro Gómez Valenzuela.
