Los concejales de la oposición en el Concejo Municipal de Resistencia, enviaron una nota al intendente, Jorge Capitanich, solicitando la anulación del acto administrativo de la audiencia pública por el Centro de Disposición Final de Residuos, realizada este 22 de febrero.
Los ediles solicitantes fueron María Teresa Celada y José Barbetti (UCR), Martín Bogado (Coalición Cívica ARI), Nancy Sotelo (Libres del Sur) y Emilio Capello (Movimiento de Trabajadores Municipales), y expresaron además que “dicha solicitud se realiza en torno a numerosas inconsistencias en la convocatoria y desarrollo de la audiencia pública, y no respeta el espíritu de la misma”.
Los concejales afirmaron en la nota enviada que “de acuerdo a lo establecido en el Artículo 13° de la Ley Provincial N° 7034, la realización de la audiencia pública es un requisito necesario para avanzar en el desarrollo de un proyecto de las características del Parque Ambiental Sur Tratamiento y Disposición Final Residuos Sólidos Urbanos Domiciliarios Resistencia, y pedimos la anulación del acto administrativo, a fin de garantizar la continuación del debate de esta temática, y evitar que, por haber dado cumplimiento (de forma incorrecta) un requisito establecido por ley, se cierre el debate y se avance en la concreción de un proyecto que no tiene el consenso necesario”.
El pedido es acompañado por una serie de argumentos brindados por los concejales. El primero de ello afirma que “la información brindada por el Municipio de Resistencia no ha sido entregada a tiempo, ya que la carpeta referido a las opciones María Sara II y Planta de Segregación y Transferencia en Chacra 235 y Disposición Final en María Sara II, han sido enviadas 48 horas antes de la Audiencia Pública, no disponiendo entonces de un tiempo prudencial para su análisis y estudio”.
Por otro lado, expresaron que “además de ello, toda la información brindada es incongruente entre sí: el Estudio de Impacto Ambiental no se condice con las alternativas de proyectos que se plantearon en la audiencia pública, existiendo información errónea, y datos desactualizados, entre otras cosas”.
En tercer lugar, argumentan que “una audiencia pública debería servir para debatir proyectos existentes. No existió en este caso ello. Se trató entonces de una reunión informativa que no permitió, por lo esgrimido anteriormente, un debate serio del asunto”.