La obligación de los comercios de diferenciar los precios al contado y los financiados, que empezará a regir este miércoles en todo el país, será de cumplimiento obligatorio, permitirá transparentar las transacciones y sincerar costos y financiamientos.
El director nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, aclaró que «las cuotas con interés no aumentarán (el precio final del producto) porque el interés ya estaba incluido» y sostuvo que a partir de ahora «el interés encubierto va a quedar a la vista del consumidor para que pueda elegir entre las mejores condiciones de financiación».
«Ahora los bancos y las emisoras de tarjeta de crédito competirán en el mercado», dijo el funcionario y recordó que las multas por incumplimiento de la medida van de $100 a $5 millones, según lo dispuesto por la ley 24.240, de Defensa del Consumidor.
Blanco Muiño dijo que los planes en cuotas Ahora 12 y Ahora 18 «siguen vigentes, pero ahora los comerciantes deberán dar a conocer la financiación» de esos planes con etiquetas que muestren claramente el Costo Financiero Total (CFT).
«El precio al contado queda asimilado al efectivo, o a un pago con tarjeta de débito o tarjeta de crédito», aclaró.
La medida fue dispuesta a través de la resolución 51-E/2017 de la secretaría de Comercio y se la conoció como Precios Transparentes.
Para Ricardo Espinosa, de la entidad defensora de los consumidores Acuda, la medida «transparenta los precios» y recordó que en las compras financiadas a la denominación de «cuotas fijas» no deberá agregarse las palabras «sin interés».
«Es una buena medida, favorece las transparencia y permite que los consumidores conozcan el interés que se les aplica cuando efectúan compras en cuotas», dijo.
Estimó, que los comercios, como el caso de las cadenas de electrodomésticos, deberán diferenciar «cuánto interés se aplica de acuerdo a la tarjeta que se use».
«Los comercios tendrían que tener la información disponible lo antes posible», expresó.
En tanto, Vicente Lourenzo, de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), sostuvo que «la medida es beneficiosa porque transparenta los precios que muchas veces veces las grandes empresas ocultan en las cuotas financiadas a través de publicidad engañosa».
A su criterio, la medida llevará tiempo en aplicarse porque los comerciantes «deberán calcular la financiación de los planes en cuotas», según reconoció.
«La adaptación a la norma llevará un semestre», dijo Lourenzo.
Para el economista Matías Carugati, de la consultora Management & Fit, esta medida «debería traer un poco más de claridad a los precios».
Estimó que el impacto económico que originará «es incierto, porque muchos comerciantes no están enterados» de la resolución.
«El Gobierno dice que la medida llevará a una baja del 15% al 20% en los pagos al contado, pero eso no será necesariamente así», estimó.
«Yo creo que el precio al contado se mantendrá igual y lo que aumentará será el financiado. En el interior del país la mayoría de los comerciantes hacen descuento por pago en efectivo», indicó Carugati.
Para el titular de la consultora Focus Market, Damián Di Pace, con estas medidas «se quiere transparentar lo que antes estaba implícito. Ahora se hará explícito la diferencia entre el pago al contado y en cuotas. Es un incentivo para la compra al contado. El riesgo es que las grandes cadenas comerciales aumenten el precio financiado», dijo.
Fuentes del supermercadismo indicaron a esta agencia que la medida hará que se deban confeccionar etiquetas de precios al contado y etiquetas de precios financiados que incluyan el Costo Financiero Total (CFT), la tasa de interés y el monto del precio financiado total.
«Habrá diferentes precios por cada tarjeta de crédito. Se deberá especificar la tasa para cada tarjeta», y estimaron que esas diferenciaciones demandarán un tiempo de adecuación «ya que habrá que cambiar el sistema informático, cambiar las etiquetas y los cajeros deberán hacer los correspondientes cálculos en caso de que sea necesario», advirtió Di Pace.
Telam.
