Tras la inspección realizada por la justicia chaqueña en el pabellón IX de la Alcaidía de Resistencia – donde en la semana para colmo murió un preso – ministros del STJ instaron al ejecutivo a poner fin al «agravamiento» que detectaron en esa área de la cárcel.
El Superior Tribunal de Justicia del Chaco hizo lugar al habeas corpus correctivo y colectivo presentado por el Ministerio Público de la Defensa y ordenó al Poder Ejecutivo que de manera “inmediata y urgente” tome las medidas necesarias que garanticen “el cese de toda eventual situación de agravamiento de las condiciones de detención que importe un trato cruel, inhumano o degradante o cualquier otro susceptible de acarrear responsabilidad internacional al Estado” de las personas alojadas en el pabellón IX del Complejo I de Resistencia. En este sentido, ordenó que las tareas de refacción deben realizarse en un máximo de 60 días desde la notificación.
La sentencia 04/17 de la Secretaría de Asuntos Constitucionales establece que tales acciones deben encararse especialmente respecto “al problema de la provisión de agua potable, el estado precario de sanitarios y cloacas e instalaciones eléctricas, como así la adecuada y suficiente provisión de elementos de limpieza e higiene personal y el acceso efectivo a la atención médica y/u odontológica y/o de salud”.
Así la presidenta Iride Isabel Grillo y los ministros Rolando Toledo, Emilia Valle, Alberto Mario Modi y María Luisa Lucas resolvieron por unanimidad en favor de la solicitud efectuada por la defensora general Alicia Alcalá y la adjunta Gisela Gauna Wirz en el expediente 01/17.
Además, dispusieron que las personas alojadas allí, sus antecedentes e historias clínicas, sean examinadas por los médicos del Instituto Médico Forense del Poder Judicial, quienes luego elevarán un informe con las condiciones de la prestación médica, odontológica y de salud que reciben.
Por último, dispusieron la conformación de una mesa de trabajo que permita acodar medidas adecuadas para “subsanar los problemas verificados”.
Fundamentos
En los argumentos que llevaron esta resolución los jueces del STJ hicieron eco del informe presentado por la Dirección General del Servicio Penitenciario y Readaptación Social que evidencia “la recurrencia del problema concerniente a la provisión de agua y obstrucción de cloacas y cañerías”. Las instalaciones no dan abasto para responder a las exigencias de 550 internos, más el personal, situación que conduce a su colapso frecuente.
Dentro del pabellón IX hay 37 internos, 20 de los cuales tienen carpeta médica por la frecuencia con que solicitan atención y algunos tienen enfermedades como tuberculosis, sífilis, piodermatitis, uno con padecimientos psiquiátricos y dos con cirugías pendientes.
Por otro lado, la inspección ocular que realizaron los ministros Toledo y Valle en el lugar permitió certificar “el avanzado estado deterioro en el cual se encuentra”. La instalación eléctrica es deficiente y peligrosa, con cables expuestos sin protección alguna; solo dos de los cuatro baños están habilitados (aunque rotos, sin provisión de agua potable y en pésimas condiciones de higiene); en las celdas hay hacinamiento, con personas que duermen sobre el suelo, la provisión de agua es fraccionada y los artículos de higiene personal son entregados los días de visita.
Además fue tenido en cuenta que, durante la audiencia, el Poder Ejecutivo destacó ciertos avances, no obstante lo cual no negó la situación general denunciada. Al tiempo que expresó su intención de colaborar, puso énfasis en las acciones llevadas a cabo para mejorar la situación del servicio penitenciario.
