El presidente Mauricio Macri, su padre y dos de sus hermanos son investigados por la Justicia por formar parte de sociedades radicadas en paraísos fiscales, en el marco del caso conocido como Panamá Papers.
En ese contexto, el juez de la causa, Sebastián Casanello, recibió un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que es favorable para el jefe de Estado porque señala que «de las participaciones accionarias en las empresas, no surge elemento alguno que permita vislumbrar una hipótesis delictiva de lavado de activos».
Las compañías investigadas por la UIF a pedido de la Justicia fueron Fleg Trading LTD, Kagemusha S.A., SIDECO Americana S.A., Macri Investments Groups, Foxchase trading S.A., Global Collection Services y Owners Do Brasil, entre otras.
De ellas, el organismo de control afirmó que el Presidente fue director de Kagemusha S.A., una compañía registrada en la ciudad de Panamá, cuyo titular sería Franco Macri, padre del Presidente.
A su vez, se indicó que Kagemusha «no mantendría propiedades registradas en Panamá ni actividad comercial declarada, no mantendría antecedentes criminales ni se encontraría vinculada a procesos relacionados con drogas, o criminalidad organizada, encontrándose en la lista con riesgos de ser disueltas por el no pago de sus impuestos anuales».
Con respecto a Fleg Trading LTD, el organismo sostuvo que fue inscripta en Brasil en el año 2002, con «capital nulo» y que fue radicada en Bahamas -otro un paraíso fiscal- y «dada de baja» en 2009 por la falta de pago de la cuota para mantenerla activa. De esta, desligó al Presidente y señaló a Mariano Macri como responsable de la firma según datos que divulga el diario Clarín.
El fiscal de la causa, Federico Delgado solicitó a la UIF que investigara si a través de esta sociedad se transfirieron u$s9 millones a SOCMA como pago por casi el total de acciones de Owners Do Brasil Corporations y que para el fiscal sería el eslabón de una cadena de pagos entre sociedades para blanquear dinero ilegal.
Sobre ese punto, el organismo aseguró que «no está acreditado con ninguna probanza documental que el pago de la suma de nueve millones de dólares haya sido efectuado».
Además, la UIF remarcó que, sobre el accionar de las empresas Kagemusha y Fleg Trading LTD, «no surge la existencia de antecedentes o actividades que puedan vincular a infracciones de índole penal» al Presidente.
Sin embargo, la UIF se excusó ante la Justicia sobre la acusación del fiscal Delgado sobre que el Presidente omitiera, en sus declaraciones juradas como funcionario, su participación en las empresas investigadas, aunque sostiene sobre ello que es probable que no haya delito.
