El fiscal federal Patricio Evers impulsó una investigación para que se investigue el modo en que desde el área de Cultura del kirchnerismo se contrató a la banda musical preferida del ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou, La Mancha de Rolando.
Evers, quien interviene en una causa que está a cargo del juez Sergio Torres, imputó a los ex funcionarios del ministerio debido a las sucesivas contrataciones por las que los músicos fueron beneficiados durante el kirchnerismo.
Entre los imputados se hallan la ex ministra Teresa Parodi y el ex secretario de Cultura Jorge Coscia. La imputación realizada por Evers a la que Infobae accedió en fuentes judiciales, está dirigida a los ex funcionarios que intervinieron en los expedientes mediante los que se autorizaron los pagos por 31 shows realizados entre 2011 y 2015.
Según la información suministrada por el ministerio de Cultura de la actual gestión, La Mancha de Rolando cobró algo más de 3,5 millones de pesos por esas actuaciones. En las contrataciones intervinieron las firmas Vicente Producciones SRL, Contenidos Musicales Argentinos SRL e Igor Argentina SRL, cuyos integrantes también fueron imputados por Evers. Los investigadores no descartan que con el vance de la causa las imputaciones lleguen también a los músicos.
Delgado inició una investigación preliminar para determinar si hubo delito luego de que apareciera una nota firmada por el periodista Daniel Seifert en el sitio Borderperiodismo sobre los recitales pagos por el kirchnerismo.
El fiscal analizó 23 expedientes mediante los que se hicieron las contrataciones –muchas de ellas en ciudades del interior del país- y halló lo que llamó un «modus operandi».
Para el fiscal Delgado el caso ameritaba una denuncia penal porque:
–»La banda fue contratada en casi todos ellos bajo la modalidad de ‘contratación directa’, sin pasar previamente por una evaluación de su mérito, conveniencia y utilidad, y con la única justificación de que ‘resultaba imprescindible’ contar con sus servicios».
– «El estado nacional abonó las sumas que la banda pedía pese a que en todos los expedientes constaba un dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura de la Nación en el que se resaltaba –en cada uno de los casos- la ausencia de contratación de conformidad con el régimen vigente, y se aclaraba que más allá de los informes incorporados para fundamentar la vía contractual escogida, ese servicio jurídico dictaminaba sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse».
-«La forma en que el estado ‘justificaba’ esa ausencia de correlación con el régimen de contrataciones vigente era, en casi todos los casos, una somera alusión a que los plazos habían sido exiguos y que los shows se habían organizado con no más de 48 horas de antelación».
-«En muchos casos, se derivaba la responsabilidad de esta falta de adecuación al régimen vigente a los intendentes de las localidades donde se hacían los shows: «la actuación fue solicitada por el intendente de la localidad 48 horas antes del evento, motivo por el cual dicha contratación no pudo ser tramitada por la normativa legal vigente».
-«En otros, directamente se responsabilizaba a la propia banda de música porque no había aportado la documentación necesaria para la contratación, pese a lo cual se le abonaba lo que pedía: «resultó imposible formalizar los instrumentos administrativos pertinentes con anterioridad a la efectiva presentación del show debido a la demora en la entrega de la documentación».-
La conclusión de Delgado, antes de realizar la denuncia que cayó está a cargo del juez Torres y del fiscal Evers, fue que «las irregularidades detectadas nos muestran un modus operandi que podríamos resumir de la siguiente manera: bajo la excusa del ‘apuro’ en que la banda tocara en algún festival, se carecía de tiempo para contratarla por los canales legales correspondientes, y se solicitaba el reconocimiento del pago como ‘legítimo abono’ una vez que el festival ya se había producido. Es decir, con esta modalidad, repetida en 21 de los 23 expedientes analizados, se evadían los canales legales pertinentes para efectuar contrataciones en la esfera de la administración pública».
El fiscal Delgado en su denuncia había señalado que «el eslabón más claro de la maniobra que venimos a denunciar, está representado por el expediente 18933/15 a través de la cual la Mancha de Rolando intentó cobrar más de dos millones de pesos ($ 2.160.000) el 2 de diciembre de 2015-ocho días antes del cambio de gobierno».
Y agregó: «A través de la Resolución 2545 del 2 de diciembre de 2015, la Dra Graciela Cazamajou -Secretaria de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Cultura de la Nación- autorizó la contratación directa nro. 455/15 a favor del grupo «La Mancha de Rolando» -a través de IGOR Argentina SRL»- y el correspondiente pago de $2.160.000 por diversas presentaciones de la banda en el marco de los programas «Festivales para todos» y «Maravillosa Música». Sin embargo el 26 de marzo de 2016, la Subsecretaría de Cultura Ciudadana del Ministerio de Cultura advierte que: «habida cuenta del impacto presupuestario que implicaría la erogación revista en la orden de compra, que no habiendo sido sufragada oportunamente por el presupuesto 2015, generaría un stress inmovilizante sobre la disponibilidad presupuestaria del ejercicio 2016…se eleva a la máxima autoridad política a los fines de establecer el temperamento a seguir».
La denuncia de Delgado agregó añadió: «Finalmente el 31 de agosto de 2016, la Dirección General de Asuntos Jurídicos dictamina que «no están dados los requisitos para proceder al pago de las facturas que se persigue en las presentes actuaciones, toda vez que la documentación obrante hace referencia a presentaciones realizadas antes del 3 de diciembre de 2015, no encontrándose comprendidas en la presente orden de compra. En el marco de ese expediente se detectaron otras irregularidades, como tachaduras y enmiendas en las páginas donde debe constar la cantidad de shows que «La Mancha de Rolando» había supuestamente realizado y por los que debía cobrar más de dos millones de pesos (es decir no se sabe a ciencia cierta cuántos shows efectuó) . Pero la más importante, y que mencionamos, recién, consiste en «la orden de compra aludida en el expediente no se correspondía con la que se estaba tramitando allí».
«Este expediente es una muestra más-concluyó el fiscal Delgado- entonces, del modus operandi con que se manejaba la banda, esto es, el «apuro» en cobrar el cachet por shows supuestamente realizados, evadiendo los canales administrativos correspondientes. Sólo que esta vez alguien advirtió la maniobra y no pudieron cobrarlo».
Evers impulsó la investigación a partir de la denuncia de Delgado y solicitó varias medidas de prueba entre ellas la del levantamiento del secreto bancario para las sociedades que facturaron los recitales de «La Mancha de Rolando» y que la Procuración del Tesoro realice una comparación con lo que cobraron otros grupos musicales por brindar espectáculos similares.
