En función del próximo vencimiento, el 21, de las Concesiones Viales de los Corredores Nacionales N° 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8, en la sede del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (CADIA), integrante del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), el pasado lunes se reunió la Mesa Federal de Defensa del Usuario Vial, donde piden que definitivamente esa fecha cese la concesión.
Se trata de la multisectorial integrada, entre otros, por Legisladores y Concejales de diferentes espacios políticos del Chaco, Corrientes, Buenos Aires, Foro Permanente en Defensa del Usuario Vial (Provincia del Chaco), entidades de defensa del usuario vial CONADUV y UDUV, asociaciones de defensa de usuarios y consumidores.
Se elaboró un petitorio en el que demandan la intervención del Estado.
EL PETITORIO
«A tal efecto, se consideró que el Estado Nacional debe tener coraje, voluntad y decisión política de:
a) Dar por absolutamente vencidas el día 21 de abril de 2017 las citadas Concesiones Viales, y arbitrar todos los medios disponibles para impedir su renovación y evitar el llamado a nuevas licitaciones para concesionarlas bajo el régimen de peaje directo con cabinas de cobro en ruta.
b) Controlar el cumplimiento de los parámetros de calidad establecidos en los Contratos de Concesión, Índice de Estado (IE) e Índice de Servicialidad Presente (ISP) con los que se recibirán las rutas concesionadas.
c) Restablecer como responsable del mantenimiento de las Rutas Nacionales a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
d) Crear en el ámbito del Congreso de la Nación Argentina, una Comisión Especial Bicameral de seguimiento de los fondos viales, especialmente Impuesto a los Combustibles, con la participación activa, con voz y voto, de los usuarios viales directos e indirectos, de forma tal de evitar la malversación y desvíos de los fondos viales en cuestión.
e) Garantizar el libre tránsito, sin pago de tarifa alguna de peaje, por toda la extensión de los Corredores Nacionales descriptos anteriormente.
f) Reasignar las funciones de las áreas que actualmente ocupan las estaciones de cobro de peaje, en áreas de servicios sanitarios, puesto de control policial, auxilio mecánico, comunicaciones, zona de descanso, control de cargas, dependencias de la Agencia de Seguridad Vial (ASV), o de la DNV o DPV, etc.
g) Contemplar y garantizar la fuente de trabajo del personal de las respectivas empresas concesionarias, instruyéndolo e incorporándolo, teniendo en cuenta las alternativas marcadas en el punto (f) precedentemente señalado.
h) Implementar en forma urgente un verdadero proyecto vial que contemple toda la red caminera del país, exhortando al gobierno nacional, a los gobiernos provinciales y a quienes nos representan, a que se reasignen en forma efectiva los recursos provenientes, principalmente, del impuesto a los combustibles, permitiendo así el sostenimiento y mejoramiento del sistema vial argentino en condiciones óptimas de transitabilidad, sin barreras y sin pago de peajes.
i) Rejerarquizar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), desmantelada premeditadamente para generar la implementación del nefasto régimen de “falso peaje o impuesto al tránsito y la circulación”. Dicha Entidad debe reafirmar las funciones propias y prioritarias en la totalidad de nuestras rutas nacionales y provinciales, de planificación concertada, control de gestión federalizada, administración e investigación tecnológica, convirtiéndola en el Organismo Rector de la Política Vial Nacional y Provincial, recuperando así las funciones propias cedidas a otros Organismos.
j) Disolver el Organismo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), por ser una dependencia claramente burocrática e insuficiente, que solo se ha ocupado de defender los intereses de los concesionarios viales, y que ha pasado a la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad».
En síntesis, los consumidores rechazan la prórroga de las concesiones a las actuales empresas y que el Estado recupere las rutas. “Eso supone poner fin a un ciclo, respetar la constitución nacional, y a la vez, retomar el manejo de una herramienta estratégica en materia de precios relativos y mejoramiento de la competitividad de la economía”, señalaron en un comunicado.
