Esta semana el Tribunal de Cuentas notificó que aprobó por cuarto año consecutivo sin observaciones la rendición de cuentas que presentó la Defensoría del Pueblo. El ombudsman, Gustavo Corregido, valoró el control que se realiza y destacó la importancia de respetar las exigencias de transparencia en el desempeño de funciones públicas.
Así, por votación unánime tanto los vocales Rubén Quijano y María Elena Mancebo, como el secretario de la Sala I, Damían Servera Sierra, aprobaron la rendición de cuentas del ejercicio 2015, que cumplió con todos los estados y cuadros contables, además de respetar los aspectos legales, formales y documental, según consta en la notificación del tribunal.
Metas cumplidas en el primer mandato
Por otro lado, el defensor también cumplió con el juicio de residencia que exige la ley 7.602. Su desempeño durante el primer mandato al frente de la Defensoría del Pueblo fue aprobado por legisladores y por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Se destacó que no hubo presentaciones ni denuncias en su contra.
En el expediente de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas consta que durante el juicio de residencia no hubo modificaciones a destacar en la evolución del patrimonio de Corregido.
Asimismo, se detalló que el accionar del defensor del Pueblo durante su primer mandato cumplió con las misiones y funciones que le competen de acuerdo a la ley 4.190. En su balance de la primera gestión, el defensor apuntó a cinco ejes: la organización y puesta en marcha del instituto, la difusión de las funciones de la Defensoría del Pueblo, el fomento de diálogo con los ciudadanos, la vinculación con las distintas instituciones y defensorías, y la consolidación de la institución como un servicio esencial para la defensa de los derechos.
En líneas generales, Corregido destacó de su primer mandato la batalla librada para exigir y hacer entender a los más diversos sectores la importancia de las audiencias públicas, el seguimiento de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para proteger a los pueblos originarios; la mesa de trabajo interinstitucional para erradicar basurales, los convenios con otros organismos y la organización interna de la institución.
El defensor expresó su apoyo a todo tipo de procedimiento que sirvan para controlar el destino de los fondos asignados a los funcionarios y destacó la importancia de demostrar una conducta ejemplar digna de la sociedad que lo mandató para defenderla.
