El defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, emitió una recomendación al Ministerio de Transporte de la Nación solicitando que convoque a audiencia pública previo al llamado a la licitación pública nacional e internacional para la concesión de corredores viales.
Cabe recordar que el ministerio otorgó una prórroga a las concesionarias ante el vencimiento del instrumento administrativo que permite a empresas operar con cabinas de cobro de peaje en los corredores viales N.º 1, 2, 3, 4 ,5, 6, y 8.
Dado que vencían el 21 de abril, el defensor había solicitado que se suspenda el otorgamiento de nuevas concesiones viales a las empresas. Ante la falta de respuesta y luego de la prórroga otorgada, Corregido insiste en que se llame a audiencia pública para dar a los usuarios información veraz, efectiva y oportuna, cumpliendo así con el derecho a la información y con el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Cabe recordar que diputados y concejales diferentes espacios políticos del Chaco, Corrientes, Buenos Aires, como también el Foro Permanente en Defensa del Usuario Vial (Provincia del Chaco), entidades de Defensa del Usuario Vial CONADUV y UDUV, asociaciones de defensa de usuarios y consumidores se manifestaron al respecto, movilizándose para que no se prorroguen las concesiones viales nacionales, en general y en particular la que corresponde al Corredor Vial N°6, que atraviesa nuestra provincia.
En esto es necesario resaltar que la Mesa Federal de usuario vial, elaboró un petitorio, por el cual solicitó a las autoridades de aplicación, entre otros puntos, lo siguiente: “a) dar por vencidas al día 21 de abril de 2017 las citadas concesiones viales, y arbitrar los medios disponibles para impedir su renovación y evitar el llamado a nuevas licitaciones para concesionarlas bajo el régimen de peaje directo con cabinas de cobro de ruta”.
Corregido sostiene que es necesario brindar la información adecuada a los usuarios, en relación a las obligaciones de las empresas, obras comprometidas, tiempos establecidos, etc. “Para ello la audiencia pública es la mejor herramienta”, resalta.
Además el defensor recuerda que es específicamente función del Estado, brindar la adecuada información a los usuarios, referidos a las condiciones de contratación, cláusulas generales y particulares que comprenden el llamado a licitación, y todo lo atiende las condiciones de contratación de la empresas que se presentarán las licitación de concesión del servicio.
