La intendente de la localidad de Perugorría, Angelina Lesieux, negó haber entregado «casas de papel».
La intendente, en diálogo con Radio Sudamericana se refirió a las viviendas que no fueron terminadas y que finalmente fueron entregadas a principio de 2017 sin luz, agua, cloacas, puertas y ventanas e indicó que las casas fueron «adjudicadas» y no «entregadas» y dijo que dichas viviendas serán entregadas «en condiciones», con mensura y título de propiedad.
«No se puede construir con 13 millones de pesos 40 casas», señaló y agregó «todos sabemos que esto es una campaña mediática contra mi persona; es el precio que tengo que pagar por no haber claudicado mis convicciones, por haber dicho no hay reforma de la Constitución, no hay re-reelección».
“Esas filmaciones son antiguas, no son verdaderas”, arrancó diciendo sobre los informes dados a conocer por el programa “La Cornisa”, conducido por Luis Majul. “Volvemos a que las casas no existían, a que las casas eran fantasmas, que las casas son de papel, que las casas se entregaron, que las casas son habitadas. Me parece que molesta tanto que 40 familias perugorrianas tengan un techo digno para vivir”, manifestó Angelina Lesieux.
“No es lo mismo filmar lo que se quiere mostrar a verlas directamente. No hay familias viviendo en ese lugar porque las casas no fueron entregadas. Las casas fueron adjudicadas y esas serán entregadas en condiciones, con mensura y título de propiedad”, explicó la intendente de Perugorría en comunicación exclusiva con Radio Sudamericana.
Entre los puntos que se investigan en la oficina Anticorrupción, se detalla que en 2015 la Nación otorgó unos $25 millones por adelantado enmarcados en el plan Techo Digno. “A nosotros nos entregaron 13 millones de pesos para la construcción de 40 casas; al Gobierno de la Provincia le entregaron 40 millones de pesos para 40 casas. ¿A usted le parece que podemos construir casas de 65 metros cuadrados, con todas las comodidades, con 300 mil pesos?», dijo Lesieux.
Ante las acusaciones por el crecimiento patrimonial, la Jefa comunal se defendió negando rotundamente esta situación y dijo que se trata de una “persecución política”. “Entendemos que las cosas estamos haciendo bien y entiendo perfectamente que este es el precio que tengo que pagar por no haber claudicado mis convicciones, por haber dicho basta de prórroga de mandatos, no a la reforma de la Constitución y que quiero un gobierno distinto para el 10 de diciembre”.
Sostuvo que después de la polémica, el municipio será quien solvente los gastos que hacen falta para finalizar las casas y agregó “al estar en tela de juicio, yo hablé directamente con el director nacional de viviendas y le dije que no readecúe absolutamente nada y que las casas las íbamos a terminar con nuestros propios esfuerzos para demostrar que no hay ninguna mala intención y que es obvio, es imposible quedarse con dinero con semejante obra”.
