El precandidato por el Frente Popular, Daniel San Cristobal, se refirió a la ley nacional «de apoyo a las Pymes» y la calificó como «una legislación que promete mucho y brinda muy poco, especialmente para provincias como el Chaco».
El texto expresa:
«La flamante Ley 27264 que el gobierno nacional levanta como una gran bandera de apoyo a las PyMEs representa un avance en tal sentido, aunque en forma muy parcial. Comparto una opinión que surge de la experiencia profesional de asesorar y tramitar una cantidad importante de casos de Empresas locales y regionales.
La realidad económica del último año y medio hundió a las PyMEs y las afectó en su nivel de actividad económica y en sus costos. La presión tarifaria en servicios públicos fue sólo un condimento extra del principal problema: la caída del nivel de actividad.
Esa realidad nacional, se profundiza en el ámbito de la Provincia del Chaco donde el mercado interno expresado a través del sostenimiento del consumo popular golpea y hace fluir otras realidades como la de los costos operativos y tributarios. Una economía en expansión, aunque sólo fuera a un ritmo modesto, disimula las otras cuestiones.
Emerge como una receta una legislación que promete mucho y brinda muy poco, especialmente para provincias como el Chaco.
Los beneficios
La nueva ley -de casi un año ya de vigencia- promete a las PyMEs, entre otras cuestiones y por orden de aparición:
a) Acceso en trámite simplificado a los RePro, una compensación salarial.
b) Exclusión del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta a partir de 2017.
c) Compensación por el impuesto a los débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque).
d) Pago diferido del IVA.
e) Fácil compensación y devolución de saldos acreedores.
f) Simplificar la determinación e ingreso de los impuestos nacionales.
g) Programas tendientes a compensar a las zonas de frontera por asimetrías y desequilibrios económicos.
g) Promoción de las inversiones productivas a través del cómputo del 10% de las inversiones como pago a cuenta de impuesto –hasta un límite del 2% de las ventas- y restitución de créditos fiscales con bonos.
Del papel a la realidad
La comunicación –web, redes sociales, correos electrónicos, presentaciones institucionales- es muy buena. Estéticamente muy vendedora.
Pero la realidad es muy diferente. De los 8 puntos citados los que efectivamente se cumplen son el b) –que es de aplicación automática- aunque de escasa relevancia para la PyME local y el d) que no requiere de una tramitación muy especial y sí es muy beneficioso. Luego, de los demás beneficios, 3 ni siquiera se aplican y los restantes tienen un rango muy limitado de empresas y una aplicación dificultosa – los citados a), c) y h)-
Me detengo en el rango muy limitado de su cobertura y la aplicación dificultosa. Los requisitos y limitaciones son excesivos, por citar un ejemplo: una empresa que no obtiene ganancias paga el impuesto al cheque en forma plena, y la que obtiene ganancias –Micro/Pequeña- lo deja de pagar vía compensación, es decir que la que más dificultades tiene no puede acceder al beneficio.
Mecanismos ajenos a las posibilidades de las Empresas locales
Además, los Organismos nacionales parecieran “emperrarse” en establecer –cada vez más- mecanismos complejos y alejados de la realidad, por lo menos de la realidad de las economías regionales. A tal punto que herramientas que ya por su naturaleza son de utilización limitada requieren una suma de formalidades, tramitaciones, cumplimientos de fechas y presentaciones que escasas empresas –las muy organizadas, con un asesoramiento muy dedicado y con una inversión adicional de recursos- pueden cumplir.
Es probable que la realidad circundante que viven algunos funcionarios públicos les permita deducir que esas formalidades son alcanzables, pero en nuestras economías regionales predestinan el poco uso de esos beneficios.
Esos organismos ponen en las propias PyMEs el ejercicio de la actividad fiscalizadora, obligando a asumir costos que –se entiende- se pretenden bajar para promover la rentabilidad y una mayor inversión. Planillas, uso de procesos web, aplicativos, presentación de archivos en formatos especiales y hasta el pago de una tasa por “tareas de verificación y control” del 3,5% del beneficio solicitado forman parte del menú que ofrecen la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa y la AFIP a empresas ahogadas por una realidad dura».
