El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, desarticuló una organización que comercializaba medicamentos sin receta para interrumpir embarazos.
Fue consecuencia de una exhaustiva investigación de la Policía Federal Argentina, que tras 13 allanamientos simultáneos en Capital Federal, provincia de Buenos Aires y la ciudad de Rosario, arrestó a los tres líderes de la banda.
“Este procedimiento fue posible gracias al profesional trabajo de la Policía Federal que, junto a funcionarios del Poder Judicial, indagó hasta obtener toda la información necesaria para detener a los responsables”, aseguró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y añadió: “No hay peor delito que el que pone en riesgo la salud de personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad”.
El personal de la División Delitos Contra la Salud de la Policía Federal –institución que comanda Néstor Roncaglia- realizó una pesquisa que dio cuenta del “modus operandi” de la red. La modalidad consistía en captar clientes a través de internet: abonaban sumas abultadas para figurar en sitios privilegiados y ofrecer Oxaprost, medicamento que se utiliza para la interrupción de embarazos.
Una vez que atraían la atención de los clientes, se comunicaban telefónicamente con ellos. En ese momento no solo coordinaban el precio y los lugares de entrega, sino que se brindaban supuestas indicaciones médicas para la ingesta y acción terapéutica. Sin medir las consecuencias, generaban un serio riesgo para la salud de las mujeres que recurrían a ellos.
La investigación arrojó todos los detalles del funcionamiento de la organización, incluyendo la participación de cada uno de los integrantes. En base a ello, se llevaron a cabo 13 allanamientos en droguerías, farmacias, domicilios particulares y oficinas de empresas de páginas web. El resultado: la detención de los tres cabecillas y la incautación de medicamentos Oxaprost 75, recetarios, sellos médicos, celulares, computadoras y documentación.
Además, se secuestraron autos de alta gama que se adquirían con el dinero de las ventas ilegales. El dinero se destinaba también al alquiler de propiedades en un reconocido barrio privado de la provincia de Buenos Aires y hasta la adquisición de un local bailable.
Intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal Federal N° 1, a cargo de María Romilda Servini, por ante la Secretaría N° 2 que dirige Adolfo Piendebene.
