Un libro revela detalles ocultos de la central hidroeléctrica Yacyretá

Aunque  el ex presidente –Menem- tatuó el estigma de la corrupción en el corazón de Yacyretá, a principios de esa década, recién se empezaba a esbozar el capítulo sobre las represas más polémicas de la historia nacional. Años más tarde, las palabras de Menem se transformaron en un augurio: Transparencia Internacional ubicó a Yacyretá entre los diez «monumentos a la corrupción más grandes del mundo». Fue en el año 2005.

En plena crisis del petróleo, el 3 de diciembre de 1973 se firmó el acuerdo con Paraguay que creó el Ente Binacional Yacyretá (EBY). La rúbrica fue de los cancilleres, con la presencia del dictador Alfredo Stroessner y de María Estela Martínez de Perón, que había viajado en su calidad de vicepresidente a raíz de una bronquitis que aquejaba a su esposo, Juan Domingo Perón. El último paso lo dio la dictadura. Siete días antes de la asunción de Raúl Alfonsín, el general Reynaldo Bignone firmó la concesión de las obras, que empezaron al año siguiente y terminaron en 1998. Ambos países soñaban, a principios de los setenta, con invertir 1.800 millones dólares en obras civiles para tener la represa en funcionamiento en 1979. Cuando en 2011 empezó a operar en plenitud, había demandado entre 11 mil y 13 mil millones de dólares, según quien cuente la historia. Habían pasado casi cuatro décadas de sobreprecios, obras, licitaciones, paralizaciones, nuevas obras, anuncios, cortes de cinta, retornos, reembolsos debidos e indebidos, adjudicaciones y más cortes de cinta. Un menjunje de esas palabras clave en torno a las cuales se desmembró la corrupción. La enorme mayoría del dinero no fue destinada a la construcción propiamente dicha. Unos 7 mil millones se usaron para financiar la obra. Otros mil millones se esfumaron en consultoras y estudios externos. Se llegaron a pagar 100 mil dólares para que una consultora paraguaya evaluara cómo refuncionalizar las oficinas de Puerto Madero. Aconsejó sacar una mampara y poner luces dicroicas, entre otras cosas. Los más pesimistas estiman que hay unos 1.800 millones de dólares que alguien «se los quemó». El Estado es bobo para diseñar, pero se convierte en un generoso mecenas a la hora de sacar la billetera que le presta el pueblo. El resultado fue escasa energía. Y cara.

La construcción no se suspendió, como pretendía Menem. Tres años más tarde se terminaron las obras civiles. El 2 de septiembre de 1994 fue habilitada la primera turbina, aunque los veinte generadores empezaron a funcionar recién el 7 de julio de 1998, pero con el 62,77% de la potencia total, ya que el caudal del dique no era suficiente. La central había sido proyectada con una cota de 83 metros sobre el nivel del mar, pero tenía 76 metros, lo que provocaba una pérdida de 7345 GWh, casi lo que producen tres centrales de El Chocón, equivalentes a unos 220 millones de dólares al año, además del posible deterioro precoz de las turbinas por operar de una manera distinta a la que fueron concebidas.

Si la obra estaba preparada para funcionar con una cota de 83 metros, ¿por qué no se cerraban las esclusas y se aumentaba el caudal? Sencillo: para poder realizar cualquier dique se necesita inundar tierras. En el caso de Yacyretá, fueron unas 170 mil hectáreas. Pero para la segunda etapa faltaba adquirir tierras de las 38 mil hectáreas sobre un total de 56 mil a anegar, cuyo costo estimado era de 38 millones de dólares, un vuelto si se compara con el dinero que se estaba perdiendo en energía no generada. El problema de las tierras tiene varias facetas. Porque además del conflicto social y cultural que provoca la reacomodación de decenas de miles de personas, estimadas en 80 mil sólo en la primera etapa, en Yacyretá se montó un verdadero negocio inmobiliario de grandes políticos a pequeños especuladores. Lo habitual en estos casos es negociar con los dueños o expropiar las tierras antes de encarar el proyecto. Así, por ejemplo, ocurrió a fines de los 70 en con la represa de Salto Grande, que inundó el 82% de la ciudad de Federación, cuyos pobladores fueron reubicados, la enorme mayoría contra su voluntad, aunque en plena dictadura el margen de disenso fue prácticamente nulo. En Yacyretá, en cambio, la resistencia fue feroz, y aún hoy existe.

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Una de las primeras bombas estalló en 1990, cuando el contador Antonio Roque Casabona denunció que el consorcio Empresas Reunidas, Impregilo, Dümez y Asociados Para Yacyretá (ERIDAY), a cargo de la construcción de la represa, cobró la friolera de 2 mil millones de dólares en concepto de reembolsos indebidos. En otras palabras, dijo que el grupo de empresas se había llevado ilegalmente un plus equivalente al 100% de lo que era el presupuesto original para la obra. ERIDAY estaba encabezado por la italiana Impregilo y la franco-germana Dümez, que habían protagonizado una escandalosa puja que resolvieron uniéndose en sociedad y quedándose co el control del grupo y el 25,50% de las acciones cada una. Muy lejos de lo que había pasado con la represa binacional de Itaipú, entre Brasil y Paraguay, el pliego de las obras civiles de Yacyretá no sólo no exigía un porcentaje mínimo para capitales locales, sino que en su afán de destruir la industria nacional, Martínez de Hoz decidió que el consorcio ganador fuera internacional y estuviera liderado por una empresa extranjera. Habría sido una gran oportunidad para las empresas argentinas, como ocurrió con IMPSA, de Pescarmona, que logró exportar turbinas luego de la experiencia que ganó en Yacyretá.

Impregilo y Dümez pudieron repartirse el botín sin objeciones, y sumaron a varias empresas argentinas. Con excepción de Benito Roggio, que tuvo el 3,03% de la participación, las demás se quedaron con el 1,63% cada una. No obstante, la mayor tajada la sacó SOCMA, ya que sumó dos empresas: Sideco Americana Y Supercemento. Los otros integrantes del consorcio fueron Techint, SADE, Conevial, IMPSA, EACA, CODI, José Cartellone, Petersen, Thiele y Cruz, Polledo, Sollazo y Tecnomatter. También era parte de la sociedad IGLYS, que pertenecía a Impregilo, lo que convertía a la poderosa constructora de FIAT en el mayor tenedor, con el 27,13% de las acciones. El consorcio también incorporó tres empresas paraguayas, CONEMPA, CIE y CEPAYA, todas, propiedad del ex presidente Juan Carlos Wasmosy, cada una con el 5% de participación. El grupo lo cerraban las italianas Cogefar-Impresit, Italstrade, Recchi y Torno, la alemana Dyckerhoff & Widman, y la uruguaya Álvaro Palenga. Eran unos 1.800 millones de dólares a distribuir para empezar.

El contador Casabona había sido contratado por SADE, de Pérez Companc, y Sideco y Supercemento, de la familia Macri, para conseguir los reembolsos que correspondían a todos los insumos y bienes de origen nacional en virtud de la ley 20.852. Había estimado que conseguiría un 2,5% del total del valor de las obras, pero, de manera intempestiva, decidieron poner fin a su contrato y lo reemplazaron por la empresa Dicmar SA, cuyo director, Guillermo Arturo Henin, se había comprometido a gestionar el cobro de reembolsos equivalentes al 15% del total. «Henin debe tener mejores contactos que usted», le dijeron antes de despedirlo. Despechado, el 26 de julio de 1990, Casabona presentó una denuncia por defraudación al fisco que terminó sumándose a otro expediente que ya estaba abierto, impulsado por el ex director de la EBY Alberto Aseff, crítico de la forma en la que se encararon las represas desde el minuto cero. Aseff había denunciado sobreprecios y otras irregularidades en la construcción de los campamentos, y pagos indebidos al consorcio constructor.

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Bronca paraguaya

El día que Menem dijo que Yacyretá era un «monumento a la corrupción» se ganó el odio de Juan Carlos Wasmosy, por entonces un empresario paraguayo que entre 1993 y 1998 sería presidente del Paraguay y que era dueño de las empresas guaraníes que formaban parte de ERIDAY. Wasmosy también tenía bronca porque quería su parte de ese millonario reclamo, un 15% del cual correspondía a sus firmas. Un día se cobró. Fue el jueves 23 de abril de 1998 y no se pudo contener: «En la Argentina hay diez veces más corrupción que en Paraguay», declaró. Se armó la batahola. Tuvo que viajar a Buenos Aires, visitar la quinta de Olivos, sentarse frente a Menem y dar las explicaciones de su exabrupto. «No te pido una, sino mil disculpas» dijo el presidente de Paraguay. Luego de fumar la pipa de la paz, retomaron los temas comerciales.

Pero a pesar de sonrisas y chistes ocurrentes, Menem se la cobraría unos meses después. En esos días, Yacyretá había sido bautizada como BMW, una sigla creada con las iniciales de Bush, Menem y Wasmosy, los hombres que, realmente, tenían la última palabra en la EBY. El director ejecutivo de la entidad era Jorge Pedreira. Entre 1996 y 1998, el hombre dedicó buena parte de su tiempo a ordenar la ruina administrativa en la que estaba sumida. Logró elaborar un dictamen sobre todos los reclamos del contrato llamado YC-1, es decir, la primera parte, de los cuales rechazó 38 y mostró sus reparos sobre otros 17. Sólo aceptó pagar 101 millones de dólares y revisar otros 155 millones. Además, demostró que si se hubiesen aplicado las tasas del mercado mientras duró el contrato, la ganancia de ERIDAY habría sido menor de lo que fue. Sus propios balances mostraban una utilidad que superaba el 12%. También advirtió que sólo reconocía el 20% de la supuesta deuda que reclamaba ERIDAY. Se convirtió en uno de los grandes detractores de los reclamos. La consecuencia es que tuvo que resistir un intenso cabildeo en su contra, que incluyó al ex secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger, a Gianfranco Rizzo y al verborrágico Wasmosy. Rizzo había llegado al país en 1974 y tenía una vasta experiencia en lobby y obra pública. Su empresa había participado en la construcción de las represas de Salto Grande, El Chocón, Planicie Banderilla, Alcurá, Piedra de Águila y Casa de Piedra, y los puentes Resistencia-Corrientes y Encarnación-Posadas. En julio de 1997 le dio una entrevista a La Nación en la que admitió haber pagado sobornos. «En el 90 por ciento de las empresas públicas de nuestro país hubo corrupción», confesó. Admitió ser parte de ese grupo. «La coima que se hacía era para lograr algo debido, no algo indebido. Era para conseguir la certificación que estaba cajoneada hacía meses o apurar una habilitación. La empresa privada debía sobrevivir», se justificó. Pasaron décadas y, prácticamente, no hubo otros empresarios que sintieran la necesidad de sincerar sus pecados.

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Aparece Kissinger

El contrato entre EBY y ERIDAY estipulaba la posibilidad de designar un tribunal de amigables componedores. Para solucionar sus pedidos de reembolso por 37 rubros diferentes, ERIDAY había elegido a Henry Kissinger, que logró inflar los 900 mil dólares de honorarios establecidos para los árbitros. Su socio en la consultora Kissinger & Associates, el estadounidense William Rogers, ex secretario de Asuntos Latinoamericanos durante la gestión de Richard Nixon en la Casa Blanca, viajó a Buenos Aires y logró llevar la paga hasta el millón y medio de dólares. Rizzo declaró que lo habían elegido porque «Kissinger es un hombre que sabe soportar las presiones y al que es muy difícil decirle que no».

En la vereda de enfrente –pero en la misma calle–, EBY optó por el abogado menemista Mariano Cavagna Martínez y Lagos, ex ministro de la Corte Suprema y ex embajador en Italia. Pedreira había propuesto al jurista Héctor Masnatta como negociador, el mismo que había hecho el informe crítico de los reclamos como director de la SIGEP. Reali, que en público decía que el reconocimiento de la deuda «institucionalmente es cero», optó por alguien de extrema confianza y lealtad con el Presidente. A pedido de Wasmosy y sus socios, dio un paso más al aumentarle los honorarios y las facultades, puesto que decidió que el laudo que dictara junto a Kissinger iba a incluir su propio salario e iba a ser inapelable. Se había extralimitado. Si bien el acuerdo original hablaba de «árbitro», le asignaba una función de «amigable componedor», es decir, de mediador, no de juez.

La incertidumbre sobre el monto del reclamo permanecía. Cuando en 1995, Domingo Cavallo, amagó con privatizar Yacyretá, ERIDAY advirtió que su reclamo era mucho mayor. José Dromi admitió que la deuda podía frenar la estrategia del menemismo. El consorcio propuso perdonarle al Estado 500 millones de dólares de la supuesta deuda y quedarse con la empresa. O sea, pretendía hacerse de la represa sin poner dinero y con una deuda en su haber de 300 millones de dólares. La viveza no es sólo criolla.

En el comunicado de la EBY de febrero de 1999 en el que se anunciaron los nombres de los árbitros —la primera nota de prensa de la gestión de Reali—, se encendió una bomba sobre la mesa de diálogo: ERIDAY había duplicado sus pretensiones. Ahora quería más de 1.500 millones de la moneda estadounidense. No se trataba de versiones; era una gacetilla oficial. Kissinger, Rizzo, Wasmosy y compañía se habían salido con la suya. El terreno ya había sido preparado para que las topadoras de ERIDAY arrasasen con las arcas públicas. Unos meses antes, en diciembre de 1998, Kissinger había viajado a Anillaco, La Rioja, para reunirse con Cavagna Martínez y con el presidente Menem en su residencia, llamada La Rosadita (el kirchnerismo no inventó nada). El reloj corría. Menem quería resolver el problema sin generar otro ni quedar mal parado. Por eso llegó a decir: «No vamos a pagar la enormidad que pide el contratista y si es necesario iremos a la Corte de La Haya».

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Tres años antes, el Banco Mundial había entregado 900 millones de dólares para realizar obras en Posadas y, literalmente, no se había puesto ni un ladrillo. El primo del presidente, César Edil Menem, había estado a cargo de las obras complementarias de la represa. A esa altura estaba claro que ERIDAY había acumulado 55 reclamos contra la EBY por 1.580 millones dólares, algo así como el presupuesto de dos años de la provincia misionera en cifras de entonces. La SIGEN sólo reconocía el 8% de esos pedidos, unos 140 millones de pesos. En mayo del año siguiente, una auditoría encargada por EBY concluyó que «los reclamos fueron exageradamente mensurados» y que «la enorme mayoría de ellos son improcedentes hasta llegar al absurdo». También dijo que la mayoría estaban quintuplicados, por lo que muchos advirtieron que había una deuda real en torno a los 300 millones de dólares. La auditoría se conoció mientras el flamante presidente Fernando de la Rúa viajaba a Paraguay, a mediados de mayo de 2000. Poco después, se producía un intento de golpe de Estado en el vecino país. Tropas leales a Oviedo buscaron desplazar al Presidente Luis González Macchi. Justamente, el asilo del ex general había dañado la relación bilateral que De la Rúa y González Macchi buscaban recomponer. Ambos presidentes firmaron una declaración de 48 puntos, tres de ellos referidos a Yacyretá. Se dejó constancia de la voluntad de elevar la cota a los 84 metros y se aclaró que no se iba a privatizar. Los reclamos seguían siendo un obstáculo para materializar ese acuerdo.

El arbitraje siguió un interminable camino de compromisos, impugnaciones, demandas, contrademandas, cambio de sedes, denuncias en la Oficina Anticorrupción, resoluciones del juez federal Sergio Torres, idas y vueltas. Es una deuda que no se saldó. El kirchnerismo metió un corte de cinta atrás de otro y logró elevar la cota, no sin antes despertar sospechas. En mayo de 2008, otra denuncia salió a la luz. Jorge Lanata, desde el fallido diario Crítica, informó que «las tres últimas adjudicaciones de obras en la represa duplican el presupuesto original, con un sobreprecio promedio del 90 por ciento».

Pausa. A esa altura, el control de De Vido sobre la EBY era total, de punta a punta. La orden era no difundir nada de lo que pasaba. No había gacetillas de prensa ni para celebrar los avances. Los ojos públicos tenían que mirar hacia otros rincones del Estado. Lanata difundió un informe reservado. Se lo había preparado a De Vido el director ejecutivo de la EBY, el arquitecto Oscar Thomas, que ocupó ese cargo durante los gobiernos kirchneristas. El arquitecto Thomas se había recibido con medalla de oro en 1991 en la Universidad Nacional del Nordeste. Antes de anclar en Yacyretá había sido subsecretario de Planeamiento Urbano de Carlos Rovira durante su gestión como intendente de Posadas y subsecretario de Gestión Estratégica de Misiones, ya con el propio Rovira como gobernador.

El 17 de diciembre de 2003, los presidentes Néstor Kirchner y Nicanor Duarte Frutos manifestaron en una declaración conjunta la voluntad de elevar la cota del dique y unos días antes de fin de año, los ministros de obras públicas de ambos países firmaron un acuerdo que instruía a la EBY a elaborar un plan de acción, que fue presentado en mayo del año siguiente. El dinero lo pondrían, como estaba previsto, entre el BIRF y el BID, que ratificaron la financiación. El embalse se empezó a llenar en abril de 2006 hasta los 78 metros sobre el nivel del mar. El 27 de febrero de 2011, la cota llegó a los ansiados 83 metros. El informe reservado que Thomas presentó el 29 de abril de 2008 se refería a tres licitaciones cuya apertura fue realizada, en secreto, en el piso 21 del edificio ubicado en Madero 942, las tres con sobreprecios que alcanzaban juntos los 160 millones de dólares, lo que superaba en 90% el monto estipulado en los pliegos.

Lanata marcó tres licitaciones. La obra 338, de «protección costera de las localidades de Posadas, Garupá y Candelaria», por 437.762.172,46 pesos, para las que se contrató una UTE conformada por Benito Roggio e Hijos, Esuco y Supercemento. La siguiente son «Obras viales entre Posadas y Corpus», que quedó en manos de la UTE Cartellone y Eleprint, por 132.799.690,55 pesos. Por último, «Obras de nexo internacional: By Pass Arco-Garita, Nodo Vial Garita, Multitrocha Ruta 12 Garita Garupá, Acceso Sur y Tratamiento Costero en Franjas de Transporte Norte y Sur», en manos de la UTE que formaron IECSA con JCR, con un monto de contrato inicial por 420.829.525,62 pesos. Las tres, con un anticipo del 15%.

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Blas Medina, uno de los que supuestamente se llevó una rebanada de la coima que habría pagado Siemens, fue el único testigo de una pelea que Zulema tuvo con Carlos Menem en la Residencia de Olivos, en medio de reclamos por la muerte de su hijo Carlitos. Años después, el propio ex Presidente confesaría que fue un asesinato. Ese día, el Presidente le explicó a su esposa cómo era el pago de sobornos en Yacyretá: «El promedio de coimas oscila entre el 10 y el 15%, que se reparte la mitad para cada país». Zulema Yoma se lo contó al diario La Nación. Pero, como el día en el que denunció que a su hijo lo habían asesinado, las palabras de Zulema no resultaron creíbles. Nadie les cree a los locos.