Se trata de militares con penas inferiores a los 25 años y que hasta podrían salir en libertad por el fallo dividido del máximo tribunal.
Unos 750 represores presos sin condena firme podrían pedir el beneficio del 2×1 y acceder a la libertad condicional una vez cumplidos los dos tercios de la pena impuesta, luego de que la Corte Suprema otorgara ese beneficio a un militar.
Los 750 casos que aún no tienen condena firme «ven con expectativas favorables la aplicación del beneficio del 2×1, que les reduciría la pena y los podría dejar en libertad». Eso se daría, principalmente, en los militares que recibieron penas menores a 25 años, por el tiempo que pasaron en prisión sin condena firme. Se estima que hay además más de 120 militares que siguen en prisión preventiva desde hace más de diez años.
Según publicó el diario La Nación, los condenados a reclusión perpetua cumplen en general 25 años en prisión, porque esa era la pena máxima efectiva en el momento en que se cometieron los delitos de lesa humanidad -actualmente se extiende a 35 años-, pero podrían alcanzar la libertad condicional a los 20 años. En los foros que acompañan las posiciones de militares condenados por delitos de lesa humanidad señalaron que, dado que el beneficio del 2×1 se aplica a partir del tercer año de prisión preventiva, muchos estarían en condiciones de acceder a la libertad al cumplir 12 años de cárcel.
Agrupaciones de derechos humanos repudiaron la decisión del máximo tribunalpor habilitar el cómputo del 2×1 en el caso de un condenado por crímenes de lesa humanidad.
Ayer, en un fallo dividido, la Corte Suprema habilitó el cómputo del 2×1 para la condena del represor Luis Muiña, parte del grupo de tareas que operó en el Hospital Posadas, de Haedo. Con los votos de Elena Highton y los jueces puestos por el Gobierno, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, se consideró que correspondía aplicarle la ley derogada en 2001 por tratarse de la legislación más benigna entre la consumación del delito y su condena efectiva. Muiña fue detenido en 2007 y condenado en 2011.
El secretario de Derechos Humanos se refirió a la polémica decisión del máximo tribunal y salió a justificarlo.
La ley del 2×1 establecía que cuando un recluso estaba en prisión preventiva más de dos años, el excedente se computaba doble para una eventual condena, lo que implicaba una reducción de la misma.
